“Factura”
es el termino incorporado virtualmente al glosario político-electoral cuyo
significado es el acuerdo entre representantes del poder y representantes de
grupos de presión. Gracias a esta
práctica de gobernabilidad pragmática se frena o pospone una acción de presión
- marcha, mitin, plantón, bloque de calles o carreteras, toma de tierras, etc -
a cambio de algún trato, apoyo o compromiso a futuro. No es una práctica nueva
pero sí hay que reconocer que solo se generalizó hasta que en las últimas
décadas el Estado Mexicano fue rebasado por las demandas sociales y, la vieja
interlocución corporativa, perdió eficacia como instrumento de control.
En
este escenario de relaciones gobierno – grupos de presión, “el cobro de
facturas” es la demanda de complimiento de promesas o compromisos contraídos
con anterioridad por las autoridades
sean estatales, federales o municipales.
El
tema es “caliente” y lo será durante los próximos 5 meses tanto para “deudores”
como para “acreedores” entre otras por dos sencillas razones:
a)
Rezagos
sociales de todo género y nuevas demandas se han estado acumulando.
b)
Líderes
y grupos de presión han “patentado” el calendario electoral escogiendo de este
los meses anteriores a las jornadas
electorales como el momento más propicio para ejercer presión sobre las
autoridades de todos colores partidistas y platearles el cobro de facturas
pendientes y nuevas peticiones, en clara negociación de sus preferencias
electorales.
Por
estas fechas, y por razones obvias, los gobiernos estatales y municipales de
las entidades donde se llevan a cabo
elecciones locales- como es el caso de Veracruz- se ven obligados a desplegar
esfuerzos extraordinarios de tipo presupuestal, terminación de obras y
ejecución acciones adicionales no programadas.
Nada
tiene de extraño que de la fecha al mes junio vayan en aumento las presiones
sobre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sobra decir que la
insuficiencia en la generación de ingresos propios y la dependencia de las
participaciones federales vuele incierta la capacidad de respuesta de
gobiernos locales. Más no todo problema amerita respuesta
presupuestal, los hay que dependen de acuerdos y medidas que destraben tramites
y dictámenes pendientes en cuyo caso, lo que se pone a prueba es la capacidad
de diálogo, gestión y acuerdo institucional.
¿Cuántas
y cuáles facturas de las pendientes se logran pagar? ¿Qué tanto de estas se
tiene que refrendar para otro momento o ejercicio? ¿Qué puede hacer el gobierno municipal cuando las soluciones
son competencia del Gobierno del Estado o éste cuando es competencia del
gobierno federal?
Las
demandas sociales son las de siempre: asuntos agrarios, vías de comunicación,
créditos y apoyos para el campo, servicios educativos, electrificación, suelo y
vivienda.
La
eficacia gubernamental en el pago de facturas de temporada electoral exige de
los funcionarios federales, estatales y municipales un elevado sentido responsabilidad social y política y un
comportamiento de equipo, respuesta posible y, a veces, incierta, ambivalente o incluso puede ser adversa en
los casos de funcionarios que anteponen a su proyectos personales a sus
responsabilidades y, en lugar de trabajar en equipo, se dedican a llevar agua a
su molino o candidatura al mismo tiempo que se dan golpes de pecho de lealtad a
su jefe.
Desafortunadamente
en México ningún actor institucional y menos los grupos de presión conocen o
practican o confían en la concertación política de mediano plazo aunque en las pasadas elecciones haya votado
por “un nuevo rumbo para México” que compromete totalmente al Presidente
Enrique Peña Nieto.
Todo
se mueve en la estrecha visión de la demanda social fragmentada, urgente y
descontextuada y, del presupuesto estatal autorizado para el año en curso. Si a
ello se añade que el gobierno federal ni siquiera cuenta con representación
renovada en sus delegaciones, que los programas federales están en
proceso, la gobernabilidad, la
negociación y la capacidad de respuesta ante las facturas de temporada es un reto que está chino, o sea nada fácil,
propicio para la unidad aparente, la negligencia y el reparto de culpas
postelectorales. Veremos qué pasa con este ambiente en donde las facturas
tienen fecha de pago y penalidad.
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