Hace algunas décadas, cuando México
tenía gobierno de partido hegemónico, era inconcebible que dentro de un
gabinete hubiera un secretario y /o un alto funcionario de un partido distinto
al del gobernante. La expresión que
resumía aquella mentalidad era "el poder no se comparte". Hoy no
parece haber evidencias que demuestren que esa mentalidad ha desaparecido, y sí de que
la cambiante realidad política ha
obligado a todos los actores a compartir en cierto grado el poder y, aunque sea
por conveniencia, o de dientes para
afuera, procurar mayor apertura a la diversidad de voces y criterios.
En este período, el mapa político ha ido
cambiando al grado que podría pensarse
que ya casi nos parecemos a una “sociedad democrática civilizada” al aceptar coexistir
en pluralidad y suscribir acuerdos
incluyentes. No obstante quienes le apuestan a la polarización y a la
agudización de las contradicciones sociales, el gran mosaico económico, socio
cultural y político que somos los mexicanos, no es compatible con los esquemas vanguardistas,
mesiánicos y excluyentes aunque un
importante segmento de la población se acoja a estos.
Sin embargo, respetarse y coexistir
creativamente entre diferentes y diversos, en todas las escalas, es asignatura aun no aprobada y, por lo tanto, permanente dentro
de un proceso evolutivo que nunca ha sido ni será lineal como tampoco ascendente por lo que
ningún paso hacia adelante garantiza que no se puedan dar retrocesos o
dolorosos saltos hacia atrás, pese a lo
que diga el discurso oficial del
momento.
Las pequeñas dosis de pluralidad que a veces se observan en un
gabinete responden a necesidades de gobernabilidad del gobernante de minoría.
Cuando el invitado es un cuadro representativo de otra fuerza política, obviamente
se fortalece la legitimidad política del gobernante en turno al sumarle disenso
y al ampliarle posibilidades para la concertación y el ejercicio del poder, unas
veces a través del Poder Ejecutivo, otras del Poder Legislativo, permitiendo,
en ambos casos, la gobernabilidad y recomposición de equilibrios necesarios al
ejercicio del poder implicando, entre otras cosas, que la fuerza u organización aliada o “asociada”
sea tomada en cuenta y reciba beneficios marginales, directos o indirectos.
Nada es gratis.
En el caso de la propuesta del Presidente
Barak Obama para que el ex senador
republicano Chuck Hagel sea aprobado
por el Senado como su Secretario de Defensa, es evidente que el Presidente cuenta
con la confianza y apoyo total de su partido a lo que se añade el prestigio de que goza este señor como veterano de la
guerra de Viet Nam, entre otras experiencias.
En cambio hoy, en el México del presidencialismo acotado, el apoyo del PRI al gobernante se da por un
hecho y, como fuerza organizada, simplemente carece de importancia para fines
de nombramientos del gabinete.
La pregunta ¿de verdad existen los
gabinetes plurales? ¿No acaso la capacidad de simulación es parte de la
idiosincrasia del mexicano y de su sistema político? ¿Cuáles son las verdaderas
y profundas reacciones de los dirigentes y miembros distinguidos del PRI cuando
un Presidente o un Gobernador designan a un colaborador sin partido o de un partido
distinto al suyo? ¿Es verdad que lo ven como intruso o hijoadoptivo?
A nivel federal, el asunto no es menos
complicado, y no es casual que el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong
y Luis Videgaray de Hacienda, estén atorados en la encomienda de desenredar la madeja de miles de
delegados que dejó la administración anterior,
(se comenta esta semana en Bajo Reserva
en el Universal). El poder presidencial y su política de cambio, se
medirán ante la fuerza de las inercias del sistema y los
intereses que conlleva. La lentitud de las designaciones revela por lo menos
cautela, dificultad para preservar equilibrios, atender compromisos o
complacencias. Ya lo veremos.
Por necesidades de legitimación política,
de fortalecimiento de la
interlocución o por simple preservación de equilibrios
locales , la integración “plural” de gabinetes se da y se sigue dando, lo mismo a nivel
federal que en gobiernos estatales como ocurrió hace dos años en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz con la
designación, entre otros, de Guillermo Herrera al frente de la Secretaria de
Comunicaciones y de Gerardo Buganza Salmerón como Secretario de Gobierno , nombramiento
especial este que amerita reflexión aparte porque se trata del área de política interna, o sea
el espacio por excelencia utilizado para
un ejercicio partidista del poder hecho ampliamente
cuestionado por lo que parte de la legitimación política complementaria amerita
que la política interna cuente
con rostro ciudadano , de civilidad, y cultura de tolerancia y de diálogo
diverso . En lo esencial, es el mismo caso de la dependencia federal ejecutora
de programas sociales (SEDESOL)
¿significa esto afirmar que el PRI carezca de profesionales con
experiencia en las funciones de estas dos dependencias? Para nada, los tiene y
de reconocida capacidad. El Problema es político, no técnico.
La “pluralidad de un gabinete” no tiene que
ver con la carencia de prospectos capaces y del mismo partido del gobernante;
las causas hay buscarlas en las
circunstancias políticas que rodean el ejercicio del poder en un momento
determinado, las cuales son cambiantes;
por ejemplo, cuando el margen o diferencia de votos con que triunfa un
gobernante es muy escaso, la necesidad de una dosis de pluralidad en el
gabinete es mayor, y sobre todo cuando el gobernante valora con prioridad la
necesidad de estabilidad y unidad en la diversidad de los gobernados,
precisamente lo requerido para empezar a ejecutar su programa de gobierno para
el que siempre son insuficiente los recursos y abultadas “facturas por pagar”.
Una cosa es el “gabinete plural” al
arrancar el primer año de un gobierno y otra en las proximidades de un
siguiente proceso electoral cuando todas las fuerzas se preparan para competir
e integrar los poderes locales con los que cerrará en este caso, el
Gobernador de Veracruz.
En consecuencia cambian las circunstancias
y cambian las decisiones del gobernante. ¿Puede entonces éste remover libremente a un
colaborador procedente de otra fuerza política? Jurídicamente tiene toda la
potestad para despedirlo o removerlo en cualquier momento. Políticamente es
otra cosa; la decisión tendría que reflexionarse a la luz las necesidades de una gobernabilidad eficaz
y del sentido de la transición del Estado Mexicano.
No está en nuestra cultura política que los
gobernantes admitan que se equivocan (lo que les presentaría como más humanos);
de todas maneras el cambio de
colaboradores tiene un costo para el gobernante; mientras que para el “removido”
puede hacerlo aparecer como chambista. Las piezas de ajedrez las mueven el gobernante conforme a su estrategia dotada siempre tres ejes básicos: a) permanecer en el poder
el período constitucional para el que fue electo, b) asegurar una exitosa
retaguardia y “cierre de puertas”. c)
contribuir con el gobierno federal como parte
de las bases de su siguiente meta
o aspiración.
Cualquiera que sean las razones que tenga
un gobernante para nombrar, remover o despedir colaboradores, lo cierto es que
la movilidad del sistema de representación ha estado dominando a la
administración pública, obviamente en detrimento de esta. Convertidos los cargos auténticos
trampolines demuestran hasta qué punto la administración pública se ha
convertido en la “fábrica” de políticos (chapulines)
pero como la experiencia administrativa no se hereda, es la sociedad la que
paga el costo de una exagerada movilidad en la función pública.
Si se hiciera un análisis comparativo entre
los perfiles y la capacidad profesional de cuerpos técnicos y directivos de la
administración pública de las últimas tres administraciones estatales y
federales podría comprobarse fácilmente el elevado costo y las consecuencias de
esta tendencia. Mucha politiquería y mala administración conduce a resultados
negativos en ambas con grados de descomposición de las instituciones del Estado
Mexicano que ni la dosificada profilaxis que lleva a cabo ya la Auditoria
Superior de la Federación será
suficiente. La apertura de todo el sistema político hacia la ciudadanía y una pluralidad más amplia que la
tripartida, es ineludible. La partidocracia no accederá fácilmente a realizar
reformas que le signifiquen la pérdida de privilegios. No obstante ello, en su
interior también están las corrientes políticas con visión de Estado que
admiten que resistir o eludir las reformas
de fondo es suicida lo que en parte explica la firma del Pacto por México.
En resumen,
en esta segunda alternancia, las principales fuerzas están ante la
disyuntiva de continuar suscribiendo acuerdos que se
cumplan en pos del restablecimiento del estado de derecho y el consecuente
perfeccionamiento de sus instituciones o “navegar de a muertito” enfrascados
todos en la continuidad de la disputa del poder mientras el agua le sigue
entrando al barco.
México ya no es aquel del gobierno de
partido hegemónico pero tampoco cuenta con un sistema político que lo asemeje a
las democracias modernas tipo europeo en donde lo normal son otros los equilibrios
entre los Poderes del Estado y, parte de
los cargos, deben ser sancionados por el
Congreso. En esa tendencia se ubican parte de las iniciativas de
reforma próximas a debatirse. Están en
el tintero por ejemplo las iniciativas de reformas constitucional para que se
permitan gobiernos de coalición esta corriente que encabezó por Manlio Fabio
Beltrones (PRI)Santiago Creel y Josefina Vázquez (PAN), Marcelo Ebrard (PRD) y
algunos gobernadores. Parte de la
propuesta considera la necesidad de que el Congreso ratifique algunos nombramientos. Cito lo anterior como una
prueba más de que esto no aguanta más y
es imperativo ocuparse de reformas de fondo.
Los veracruzanos con frecuencia se jactan de tomar “la delantera” del cambio histórico
de México. ¿Será que aquellos ejemplos se repitan o seguiremos viviendo de las
glorias del pasado?
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