En Mèxico,
la arraigada práctica
de gobierno llamada “apaga fuegos,” durante muchas administraciones ha sido
columna vertebral de la gobernabilidad que
bien merece llamarse “agotada” para el presente y futuro del estado nacional
mexicano en la era de la globalizaciòn.
En términos
de política
pública, se trata del
equivalente al “cortoplacismo” en materia de política
económica. Esta práctica
de gobierno es parte de las deformaciones congénitas del sistema polìtico
que cumpliò
su función
pero se resiste y no acaba de morir ni morirà
en forma espontánea por los intereses que intervienen como tampoco por arte de
una segunda alternancia morirán
los lazos empresariales subrepiciamente construidos por “un gobierno de
amigos”, herencia del règimen
del Ex Presidente Felipe Calderón.
Después
de la Revolución
Mexicana, está
visto que en todos los relevos presidenciales una cosa es
el consenso y la correlación
política de fuerzas requerida
para acceder al poder, y otra muy distinta
y superior, la imprescindible para cumplir en la realidad con los grandes compromisos
de campaña
de un candidato triunfador. Convencer en el discurso, no significa vencer en la
realidad. La reflexión
tiene sentido por ciertas declaraciones recientes del gobernador del Estado de
Veracruz Javier Duarte referentes al bloqueo de carreteras en el sur del
estado.
Ante los bloqueos el Gobernador Duarte
ha dicho que los reprueba en tanto que su Secretario de Gobierno precisa y lanza un
rotundo NO a los chantajes y reitera la propuesta de diálogo
y acuerdo evitando daños
a terceros.
La contundencia de ambos es
esperanzadora y más
aun lo será
a medida que se haga realidad. Es claro que la permisibilidad de viejas prácticas
de presión,
crea frágiles
bases de estabilidad social y política
y desgasta las instituciones del Estado al acentuar la pérdida
de credibilidad, la indiferencia de los ciudadanos hacia las instituciones del
Estado y escenarios nada atractivos para el arribo de inversiones.
Convertida la reactividad "apagar
el fuego" en el eje fundamental de
la política
interna, el gobierno objetivamente se coloca en las zonas de riesgo que
significan los arreglos no necesariamente apegados a derecho y/o a las normas
que rigen la función
pública. Las
consecuencias no paran aquí:
en cada "arreglo" en el que haya de por medio alguna concesión
con implicaciones en el gasto público
programado y autorizado por el Congreso, se fomenta esa forma de presión
hasta convertirse en la práctica
generalizada y merecer el calificativo de "industria" rentable no
pocas veces en manos de líderes
sin escrúpulos
beneficiarios reales de cada "fuego apagado" ya que por lo general no
rinden cuentas o lo hacen como se les pega la gana.
Tal ha sido en forma creciente la
"gobernabilidad" de los conflictos en México de las últimas
décadas. Hoy el
monstruo es inmenso y tiene mil cabezas e infiltración
de toda clase de actores que no dan la cara. Detrás
de un plantón,
una marcha o una toma de calles o de carreteras, siempre hay necesidades
sociales diferidas y pueden haber toda clase de injusticias y arbitrariedades más
no siempre al frente de esas expresiones se cuenta con líderes
democráticos
y honestos, abundan oportunistas, vividores de cuotas de cooperación,
vendedores de lotes irregulares, operarios pre electoreros, busca chambas,
busca lotes, placas de taxi, créditos
a fondo perdido y hasta empresarios busca obras etc.
La crisis progresiva de las viejas estructuras de
intermediación
política y la
incapacidad del estado mexicano para responder a las crecientes demandas
sociales han dado lugar a la proliferación
de “nuevas” organizaciones y de líderes
adictos a la industria del chantaje e incluso la ocupación
de escaños
en el Congreso. Se han sumado a este
desenlace los intereses electoreros de tipo personal o de grupo que en cada
"arreglo"han llevado “agua a su molino” aunque en el discurso proclamen
respeto y no ingerencia en la vida de las organizaciones. Ninguno de los
partidos políticos
ni las cùpulas
sindicales corportivas ha sido ajenas a esa realidad de los grupos de presión.
Se creó
y se desarrolló
así la
"gobernabilidad apaga fuegos” que
no es otra cosa que el arreglo a cualquier costo incluso el de la pérdida
del principio de la autoridad instituida y el deterioro de las instituciones
del estado.
Si la determinación
del gobernador JDO se mantiene, un mundo de intereses pervertidos habrá
de desafiar y, será
mejor que se sepa por todos para evitar sorpresas y estar en condiciones para
afrontar el temporal de respuestas iracundas o provocadoras, por lo menos. Para
desafiar la pandemia del chantaje es necesario autoridad moral, voluntad política
de gobernantes libres de facturas por pagar o compromisos con políticas
públicas centralistas
y torcidas. Mas esto no basta, en física
como en política,
solo otra fuerza equivalente puede desplazar
a la existente.
Los pronunciamientos de cambio atrevido de un gobernante
y/o de sus colaboradores debieran suscitar el apoyo y la respuesta de quienes
se dicen sus aliados o correligionarios. Por ejemplo hoy mismo se pronunció
al respecto la COPARMEX mas es totalmente insuficiente. ¿Quiénes
serían los
beneficiarios de una real estabilidad social y política?
Pues esos son los que ya deberían
estarse manifestando de que lado estan.
Mas son muchas y diversas las aéreas
sembradas de conflictos potenciales. Por ejemplo, toda la política
de transporte y comunicaciones federal de estos años
es un desastre, las obras no se han
derivado de una planeación
que articule regiones y armonice el interés
local, regional y nacional. No tardan en brotar las protestas de transportistas
por el cobro de cuota en la autopista
del Libramiento de Xalapa, resultado de
las negociaciones para que cierto tipo de trasporte (el doble remolque) de
carga no circule por la avenida Lázaro
Cárdenas.
Lo he dicho antes: “nadie suelta chiche sin
chillar”. ¿O
acaso ADO va a renunciar al subsidio en el diesel o en la cuota de autopistas
para que el trato gubernamental no sea
discriminatorio para otros actores sociales? ¿Cuál
es la legalidad del régimen
de concesión
de carreteras que suscribió
el gobierno de Felipe Calderón
calificado con multitud de pruebas como el gobierno "de amigos"?
Al respecto EPN pintó
su raya cuando declaró
que su gobierno no seria "de amigos"; la pobreza en el análisis
político limitó
el significado a la integración
del gabinete cuando en realidad es mucho
más trascendente
porque alude al otorgamiento de concesiones, subsidios, contratos, o sea el
pastel grande.
Ahora pagamos el pato de ese “estilo
de gobernar”. Son muchas preguntas sin
contestar: ¿De
dónde salió
esta forma de gobernar? ¿Quién
o quienes crearon esta forma de “ocuparse” de los problemas? ¿En
qué casos una manifestación
social puede calificarse de “chantaje” al gobierno y cuándo
no? ¿Cuáles
han sido las consecuencias para las instituciones del estado mexicano? ¿Qué
clase de falsa estabilidad produce la gobernabilidad de situaciones basadas en
apagafuegos? ¿Cuál
es el costo político
y el presupuestal por acudir al apagafuegos en lugar de ir al fondo de los
problemas?
Hemos dicho que en política
interna ser “apaga fuegos” es acudir a
la gobernabilidad agotada, completamente muerta ya que no resuelve los
problemas y encima le hace boquetes al erario público,
y generalmente se sustenta en el chantaje que acude a la acción
ilegal con daños
a terceros como el reciente caso del bloqueo en el sur del estado. Cierto que la
“política
de apagafuegos” es la forma más
fácil de quitarse en
rápidamente los
problemas pero no solo sin resolverlos
sino potenciarlos creando una falsa estabilidad social y política.
Los bloqueos de calles o de carreteras
son actos de desesperación
manipulada por líderes
que se han acostumbrado a este tipo de tácticas
ilícitas y de chantaje.
Mas no hay que confundir ni confundirse pues no toda manifestación
o acto de protesta debe calificarse de chantaje. ¿En
qué casos una presión
social puede calificarse de chantajista?
Las protestas públicas
con frecuencia sacan a relucir ineptitud de funcionarios o disfuncionalidades
en la ejecución
de políticas
y programas, en tales casos los
responsables solo son removidos a otro puesto y la presión
social se desperdicia como recurso reformador de la administración
pública.
En realidad nuestros gobiernos tienen frente
a sí la opción
de gobernar sólo
mediante la política
de “apaga fuego” o bien alternando en cada caso las posibles
soluciones al imperio de la ley con acuerdos de mediano plazo propio de la
gobernabilidad estratégica,
con visión
de estado, proyecto o nuevo rumbo.
La gobernabilidad del chantaje y de
apaga fuegos es incompatible con la rendición
de cuentas, la trasparencia y la productividad en el ejercicio del gasto público.
Reitero lo que he dicho en otras notas, la gobernabilidad agotada, además
de un costo presupuestal impagable por ser progresivo como la adicción
a las drogas, es reactividad pura y por lo tanto incompatible con todo esfuerzo
de racionalidad y de planeación
conforme a prioridades. Por último
no está
demás señalar
que estas prácticas
agotadas son primas hermanas del paternalismo y el clientelismo en los
programas sociales. Los avances que se logren en materia de real rendición
de cuentas y autentica transparencia seràn
fundamentales para la credibilidad, una participación
de calidad y la democratización
interna en todas las organizaciones sociales y polticas de México.
Mucho apoyo de la sociedad y de sus
organizaciones van a ser necesarios para que el hacer corresponda con el decir.
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