En el Dictamen las
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, sobre el
Proyecto de decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal se exponen cinco objetivos:
- Garantizar
la permanente y sólida coordinación del gabinete, así como el
seguimiento
puntual de sus políticas, para que éstas se orienten siempre a
consolidar
una administración eficaz y enfocada a resultados;
- Generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la
seguridad
interior del país y la debida protección de sus habitantes;
- Dar un impulso integral al sentido de las políticas sociales, mediante el
planteamiento
de una estrategia que, además de continuar combatiendo la
pobreza,
se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre
mexicanas,
mexicanos y sus grupos diversos, a fin de consolidar una sociedad
plenamente
incluyente y sin discriminación;
- Propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del
país,
para
su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos
sus
ámbitos: agrario, urbano, ejidos y comunidades, centros de población en
general,
ciudades, áreas metropolitanas y desarrollo regional y de vivienda; y
- Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental que, a la vez de vigilar
la
correcta
gestión y manejo de recursos, estimule prioritariamente el carácter
preventivo,
así como la calidad y agilidad del desempeño público eficaz,
transparente y con
honradez.
A
reserva de conocer los reglamentos que traduzcan la reforma a la LOAPF, las
estructuras administrativas adoptadas para el caso, las políticas públicas y
sobre todo los instrumentos y mecanismo de ejecución de políticas y programas, por
ahora puede decirse que es positivo el primer paso dado lo que se aprecia en
cada una de las modificaciones a la citada Ley.
Sin embargo, son tan inobjetables los propósitos
que animan al Presidente Enrique Peña Nieto en la presentación de esta iniciativa
de reforma que vale la pena mantener una alerta permanente a todo lo que siga y especialmente al proceso de
formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas porque lo que
pretende cambiarse con la Ley reformada no es un organigrama de papel o un
reacomodo de direcciones generales sino una compleja red de grupos de interés y
hábitos y practicas tan arraigadas, lo mismo en la clase política que en la
tecnocracia que ya veo a muchos de ellos sonreír o mofarse del “remozamiento” de
Peña Nieto.
Los
expertos y beneficiarios de la incongruencia y la corrupción gubernamental son
como los virus, han generado antivirus y hasta se divierten ante cada reforma
que se le ocurra al Presidente en turno.
Para
que el tamal no se pierda debe estar amarrado de los dos extremos decía el ex Presidente
José López Portillo precisamente en relación a que todo lo que se intente
racionalizar en la punta de la pirámide del poder estará completamente suelto y
expuesto a perderse si no corresponde un esfuerzo de congruencia de “abajo hacia arriba”, y de la periferia al
centro, de la sociedad civil a los órganos del estado, decíamos en el ILPES en tiempos del ex
Presidente Miguel de la Madrid.
En
otras palabras, cuando se habla de la necesidad de articular políticas públicas
que han estado “sueltas” como por ejemplo gobernación y seguridad, o los
programas sociales, no se debe ello principalmente a la falta de una ley orgánica
de la administración pública federal con las características que tiene la
reformada por EPN. Contar con esta puede ser coadyuvante pero las causas y las
soluciones están fundamentalmente en dos
ámbitos:
a - En la ineficacia e ineficiencia del sistema
de fiscalización que tiene México
b
- - En la falta de participación ciudadana en la formulación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Por eso es mejor no cantar victoria.
Adelante con el primero de muchos pasos que hacen falta. Vamos a ver si la
nueva Secretaria de Gobierno tiene la
visión de estado que articula el desarrollo político de una sociedad y la modernización
y el desempeño de la administración publica. Vamos a ver qué medidas – en uso
de sus atribuciones de coordinación- adopta la súper Secretaria de Gobernación
para impulsar la adecuación de las estructuras administrativas de ayuntamientos
y de los gobiernos estatales para que apunten hacia los mismos propósitos y lo hagan de
verdad no en discursos.
Me temo que el entusiasmo
que genera superar las dificultades para sacar la aprobación de reformas como
la comentada crea en nuestros legisladores una nube que no permite abordar integralmente
el reto o sea el esfuerzo es incompleto mientras no incluya muchas otras reformas y entre estas la correspondiente a
otras leyes como la de Presupuesto, Planeación, Fiscalización, Contabilidad Gubernamental,
por citar algunas.
0 comentarios:
Publicar un comentario