SUBEJERCICIO:

OTRA FORMA DE CORRUPCIÓN

Ni en México ni en ningún país del mundo hay ni habrá dinero suficiente para que el Estado responda a las crecientes necesidades de la población. Por eso resulta crucial su administración. La inversión pública  destinada al desarrollo de infraestructura social o productiva, año con año disminuye como consecuencia de las políticas neoliberales  restrictivas del gasto.

 Por si fuera poco, la obesidad de los aparatos del Estado es una enfermedad que se agudizó en los últimos años.  Sin embargo, la causa principal de la ineficacia e ineficiencia de las políticas públicas y en particular de  los programas sociales, es la corrupción en el uso de los recursos públicos.

El único lado bueno de la guerra de lodo, que estamos presenciando los mexicanos con motivo del Informe de la Auditoria Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2010, es el reconocimiento de que en ella “vamos todos”, es decir nadie puede tirar la  primera piedra. Esto de entrada obliga cobrar un grado más de conciencia a los ciudadanos que aún quedan como crédulos de la honestidad. Ninguna organización humana está exenta de corrupción. El poder, sea del signo ideológico o político que sea,  sin contrapesos, inevitablemente es propenso a caer en la corrupción, el abuso y la arbitrariedad.

Ciertamente agrada al oído popular escuchar  a un candidato que se compromete a barrer el poder como las escaleras “de arriba para abajo”. La realidad, que es más terca que el hombre, demuestra que esa barrida también debe ser de “abajo para arriba”, es decir de la acción popular al juicio político de funcionarios y gobernantes pues de lo contrario se queda en promesa.

 Una de las formas que simulan muy bien la corrupción se  conoce como “subejercicio del gasto” un concepto que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define como “las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución”.

Dicho en otras palabras, es el dinero que la Cámara de Diputados, año con año le aprueba al  Poder Ejecutivo a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, (PEF) y que el ejecutor no gasta; se trata de recursos públicos que las dependencias no utilizan y que, aparentemente, se encuentra disponible en la Tesorería de la Federación o en alguna parte de la administración pública federal.

 Llama la atención el hecho de que los recursos que se  quedan sin ejercer está ya considerado como un vicio gubernamental de los tres ámbitos de gobierno que va en aumento constante y que resulta una burla ante las múltiples necesidades de obra pública o de servicios  básicos que demanda a la población.

Se estima que de los recursos autorizados por la Cámara de Diputados para 2011, tan solo en seis secretarías  alcanza la cifra de  30 mil millones de pesos de subejercicio de los cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejó de ejercer 7,850.25 millones de pesos respecto al presupuesto original; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) dejó de ejercer 6,703.50 millones de pesos; Reforma Agraria 351.0 millones de pesos; y la Secretaría de Agricultura,  Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) no ejerció  721.35 millones de pesos.

Como se aprecia, no es cualquier cantidad; ¡30 mil millones y solo del 2011! Evidentemente estamos ante una práctica presupuestal viciada  que demuestra que las verdaderas “prioridades sociales” no son las establecidas en los discursos o en el Plan Nacional de Desarrollo.

A la hora de hacer público este vicio, saltan las acusaciones y las explicaciones “técnicas” pero la verdad es que no hay nada que se haya partidizado más que la asignación y uso de los recursos públicos.

 El gobierno federal  habla de incapacidad de los gobiernos estatales y del manejo arbitrario de los recursos en tanto que los gobiernos estatales acusan que son las dependencias federales las causantes de ese subejercicio.

El problema ha sido objeto de múltiples análisis  y las verdades siempre salen a flote. Lo que fue hace algunos años una situación excepcional se ha convertido en “práctica normal”  inducida  en primer lugar por las políticas públicas restrictivas procedentes de los centros financieros internacionales y, en segundo, es resultado de la discrecionalidad  en la toma de decisiones de parte de funcionarios que operan como “soportes financieros” de actividades político electorales. 

El gobierno “complace” el consenso social en el papel (PEF) aunque ya en la práctica aplique otra política distinta que permite la especulación financiera y bursátil con los recursos no ejercidos. Dinero público que genera rendimientos  que escapan a los entes fiscalizadores  y el cual es utilizado por los titulares de las dependencias y las entidades públicas para  pagar bonos,  viáticos y ramos que la Cámara de Diputados no autorizó o incluso financiamiento de empresas afines al régimen. No debe extrañarnos que, las cifras oficiales del elevado costo presupuestal de nuestro sistema electoral y de partidos , en realidad se aun mucho mayor de lo que parece. 

En conclusión, la alternancia de 2000, lejos de llevarnos a una gestión pública “eficaz, eficiente y transparente” como presume le régimen nos llevó a todo lo contrario por lo que entre otras, apremia la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Ojalá y en la próxima reunión nacional de alcaldes que se llevará a cabo en Boca del Río el tema sea objeto de acuerdos específicos a fin de sacudirse el centralismo arbitrario y opaco en las decisiones presupuestales  tan agudizado en años electorales; quien sabe porqué. http://despertaratiempo.blogspot.com/