CAOS - VS- LEY
Sin orden, lo que reina es el caos, a veces también llamado “río revuelto para ganancia de pescadores”. El desorden en cualquier sociedad humana, es tierra fértil para la injusticia, la inequidad y toda clase de abusos. El caos (o simulación de orden, que para el caso es lo mismo) es paraíso de la “ley del más fuerte”.
Sin embargo, entender la relación orden y poder, más allá de apariencias perceptibles por el sentido común, es asunto del derecho y la ciencia política, ambas hasta cierto punto “independientes” ya que al tener por objeto la misma realidad histórico concreta en sociedades específicas, son necesariamente interactuantes y complementarias.
La voluntad soberana de la sociedad representada en el Poder Legislativo otorga a este la facultad creadora de leyes y, por ende, de instituciones al frente de las cuales sus operadores también están obligados a apegar todos sus actos a derecho. Ninguna actuación de ciudadanos, gobernantes y servidores públicos tiene validez al margen de las facultades otorgadas por la vía del derecho.
El llamado “Estado Fallido” no es otra cosa que el resultado de la supraordinación de poderes fácticos sobre el poder legalmente instituido. Metafóricamente estos poderes se equiparan a la obra del comején, comedorus de madera, que “come” y no para de comer hasta que el barco se hunde a menos que la tripulación lo impida.
Se trata del cáncer desinstitucionalizador que expresa el abuso y el predomino de intereses particulares o de grupo por sobre el interés general. Hablar de “estado fallido” es admitir la existencia de desgobierno ahí donde la voluntad política de la sociedad instituida en la representación legal, de facto ha sido sustituida por la voluntad de grupos e intereses particulares.
Desde que surge el Estado Moderno aparece también la fuerza permanente de presiones y procesos contrarios a derecho, consecuentemente desinstitucionalizadores. La eterna controversia entre estado y mercado o Estado y sociedad civil, es reveladora de esa permanencia en el tiempo.
Una contradicción polarizada en cuyos extremos se ubican, por un lado, los líderes del capital financiero internacional representados en las reuniones de Davos, Suiza, y, por el otro, los gobiernos locales y las organizaciones sociales reunidas en Porto Alegre Brasil.
No sin reservas, en la primera ya sospechan que sin los estados nacionales es imposible darle viabilidad a la globalización económica. Por su parte, en el foro de Porto Alegre, abiertamente se plantea entre otras tesis, el fortalecimiento de los estados nacionales y la búsqueda de alternativas al modelo capitalista y neoliberal. En esos extremos se encuentra hoy el planeta con un resurgir de las propuestas que sostienen diversos modelos de capitalismo, sistema político, la racionalidad y el retorno de los estados nacionales. Es también el referente ineludible de los derroteros que tome la agenda legislativa con las reformas pendientes del Estado Mexicano.
Si es desaparición, adelgazamiento o retorno reformado de los estados nacionales, nada de ello está escrito sobre el futuro. Mientras tanto, en el caos interior de los estados nacionales, por obra y gracia del soborno, es prácticamente imposible que triunfe la competencia con calidad total ya que la corrupción, de la que se han beneficiado algunos capitales, también es obstáculo a la expansión normalizada del capitalismo globalizado.
Tal vez por eso ya empezaron a ponernos en orden desde el Banco Mundial, a partir de la idea de la nueva contabilidad gubernamental. Imposible de operar, por ejemplo, con 32 sistemas contables (uno por cada entidad federativa mexicana) diría un inversionista japonés o alemán.
Es en este contexto que la reforma legislativa y la capacidad creativa de quienes en cada momento son depositarios de la voluntad soberana en el Poder Legislativo, no tienen más opción que invertir esfuerzos de constante adecuación de la norma a la realidad y de alineamiento nacional e internacional, a fin de hacer un poco menos ingobernable la realidad por la vía del derecho y, en la medida de lo posible, otorgar a los inversionistas de gran calado, la certidumbre exigida.
Ciudadanos que someten su actuación al Estado de Derecho, gobernantes y servidores que apegan todos sus actos al mismo y legisladores que dediquen el tiempo justo y necesario a sus funciones legislativas y de control. Esto es lo que hace falta y lo resumo en una acción fundamental: fomento de la cultura de la legalidad.
¿Quién dijo que la simple publicación de una ley o reglamento en la Gaceta Oficial es suficiente para que el Estado cumpla con la obligación de publicitar las leyes y hacer viable su conocimiento y observancia por todos los ciudadanos?
En el contexto de estas reflexiones, es de reconocer la aportación del gobernador Javier Duarte con la creación del Sistema de Información Leyes de Veracruz (SILVER), edición electrónica de los ordenamientos vigentes que rigen las acciones de gobierno y la vida social, económica y participativa de los veracruzanos, cuya consulta en línea está en www.segobver.gob.mx/juridico
Un paso en firme, positivo y en el sentido en que lo demandan las circunstancias que no son otras que las de hacer prevalecer el estado de derecho, por la vía de la difusión inteligente de las normas, haciendo posible el libre acceso a su conocimiento, tanto por la sociedad como por el legislador. Cada actor con su aportación, la vigencia del Estado de Derecho es obra de toda la sociedad. Solo en las dictaduras es obra exclusiva del gobierno.
SILVER es el espacio público de consulta de la legislación estatal, ligada con la legislación nacional que incorpora criterios de carácter didáctico e histórico para introducir perspectiva y profundidad en el conocimiento del origen, evolución y actualidad de la normatividad veracruzana.
No cabe duda que la tecnología de las nuevas comunicaciones es un aliado de la democratización de la información y el conocimiento que bien organizado, puede ser un instrumento eficaz en favor de la cultura de la legalidad.
Sin orden, lo que reina es el caos, a veces también llamado “río revuelto para ganancia de pescadores”. El desorden en cualquier sociedad humana, es tierra fértil para la injusticia, la inequidad y toda clase de abusos. El caos (o simulación de orden, que para el caso es lo mismo) es paraíso de la “ley del más fuerte”.
Sin embargo, entender la relación orden y poder, más allá de apariencias perceptibles por el sentido común, es asunto del derecho y la ciencia política, ambas hasta cierto punto “independientes” ya que al tener por objeto la misma realidad histórico concreta en sociedades específicas, son necesariamente interactuantes y complementarias.
La voluntad soberana de la sociedad representada en el Poder Legislativo otorga a este la facultad creadora de leyes y, por ende, de instituciones al frente de las cuales sus operadores también están obligados a apegar todos sus actos a derecho. Ninguna actuación de ciudadanos, gobernantes y servidores públicos tiene validez al margen de las facultades otorgadas por la vía del derecho.
El llamado “Estado Fallido” no es otra cosa que el resultado de la supraordinación de poderes fácticos sobre el poder legalmente instituido. Metafóricamente estos poderes se equiparan a la obra del comején, comedorus de madera, que “come” y no para de comer hasta que el barco se hunde a menos que la tripulación lo impida.
Se trata del cáncer desinstitucionalizador que expresa el abuso y el predomino de intereses particulares o de grupo por sobre el interés general. Hablar de “estado fallido” es admitir la existencia de desgobierno ahí donde la voluntad política de la sociedad instituida en la representación legal, de facto ha sido sustituida por la voluntad de grupos e intereses particulares.
Desde que surge el Estado Moderno aparece también la fuerza permanente de presiones y procesos contrarios a derecho, consecuentemente desinstitucionalizadores. La eterna controversia entre estado y mercado o Estado y sociedad civil, es reveladora de esa permanencia en el tiempo.
Una contradicción polarizada en cuyos extremos se ubican, por un lado, los líderes del capital financiero internacional representados en las reuniones de Davos, Suiza, y, por el otro, los gobiernos locales y las organizaciones sociales reunidas en Porto Alegre Brasil.
No sin reservas, en la primera ya sospechan que sin los estados nacionales es imposible darle viabilidad a la globalización económica. Por su parte, en el foro de Porto Alegre, abiertamente se plantea entre otras tesis, el fortalecimiento de los estados nacionales y la búsqueda de alternativas al modelo capitalista y neoliberal. En esos extremos se encuentra hoy el planeta con un resurgir de las propuestas que sostienen diversos modelos de capitalismo, sistema político, la racionalidad y el retorno de los estados nacionales. Es también el referente ineludible de los derroteros que tome la agenda legislativa con las reformas pendientes del Estado Mexicano.
Si es desaparición, adelgazamiento o retorno reformado de los estados nacionales, nada de ello está escrito sobre el futuro. Mientras tanto, en el caos interior de los estados nacionales, por obra y gracia del soborno, es prácticamente imposible que triunfe la competencia con calidad total ya que la corrupción, de la que se han beneficiado algunos capitales, también es obstáculo a la expansión normalizada del capitalismo globalizado.
Tal vez por eso ya empezaron a ponernos en orden desde el Banco Mundial, a partir de la idea de la nueva contabilidad gubernamental. Imposible de operar, por ejemplo, con 32 sistemas contables (uno por cada entidad federativa mexicana) diría un inversionista japonés o alemán.
Es en este contexto que la reforma legislativa y la capacidad creativa de quienes en cada momento son depositarios de la voluntad soberana en el Poder Legislativo, no tienen más opción que invertir esfuerzos de constante adecuación de la norma a la realidad y de alineamiento nacional e internacional, a fin de hacer un poco menos ingobernable la realidad por la vía del derecho y, en la medida de lo posible, otorgar a los inversionistas de gran calado, la certidumbre exigida.
Ciudadanos que someten su actuación al Estado de Derecho, gobernantes y servidores que apegan todos sus actos al mismo y legisladores que dediquen el tiempo justo y necesario a sus funciones legislativas y de control. Esto es lo que hace falta y lo resumo en una acción fundamental: fomento de la cultura de la legalidad.
¿Quién dijo que la simple publicación de una ley o reglamento en la Gaceta Oficial es suficiente para que el Estado cumpla con la obligación de publicitar las leyes y hacer viable su conocimiento y observancia por todos los ciudadanos?
En el contexto de estas reflexiones, es de reconocer la aportación del gobernador Javier Duarte con la creación del Sistema de Información Leyes de Veracruz (SILVER), edición electrónica de los ordenamientos vigentes que rigen las acciones de gobierno y la vida social, económica y participativa de los veracruzanos, cuya consulta en línea está en www.segobver.gob.mx/juridico
Un paso en firme, positivo y en el sentido en que lo demandan las circunstancias que no son otras que las de hacer prevalecer el estado de derecho, por la vía de la difusión inteligente de las normas, haciendo posible el libre acceso a su conocimiento, tanto por la sociedad como por el legislador. Cada actor con su aportación, la vigencia del Estado de Derecho es obra de toda la sociedad. Solo en las dictaduras es obra exclusiva del gobierno.
SILVER es el espacio público de consulta de la legislación estatal, ligada con la legislación nacional que incorpora criterios de carácter didáctico e histórico para introducir perspectiva y profundidad en el conocimiento del origen, evolución y actualidad de la normatividad veracruzana.
No cabe duda que la tecnología de las nuevas comunicaciones es un aliado de la democratización de la información y el conocimiento que bien organizado, puede ser un instrumento eficaz en favor de la cultura de la legalidad.
