El modelo del Estado Eficaz que propone el Presidente
Enrique Peña Nieto, exige pactar una estabilidad social y política duradera que
haga viable las grandes reformas para la transformación de México y este
objetivo fundamental no es compatible con los métodos de la gobernabilidad
agotada basada en el chantaje por prebendas electorales o económicas para
beneficio de liderazgos partidistas, corporativos y caciquiles. El nuevo
Presidente de México tendrá que sacudírselos desde el centro y desde los
estados; desde todos los rincones. De no
avanzar de inmediato en esa dirección, EPN se enfrentará, desde la entrada de
su administración, entre otros, con dos poderosos obstáculos: a) el creciente costo
presupuestal y la improductividad social de la frágil gobernabilidad
consistente en reaccionar a las pulverizadas demandas de grupos de presión y b)
la ineficacia de una política social asistencialista inoperante ante el crecimiento
sostenido de los rezagos sociales. c) Una administración pública heredada,
incompatible tanto con el modelo de Estado eficaz como con la nueva
gobernabilidad, pero eso sí, en poder de miles de directores incrustados de
última hora por acuerdo de Felipe Calderón. Esto será el desencanto del Pacto
Político propuesto por PAN y PRD a Enrique Peña Nieto y la evidencia que México
sigue posponiendo sus transformaciones al inmediatismo de la disputa por el
poder.
Solo el carácter de Estado que se le otorgue a la
política económica y social logrará sustraer a ambas como objeto de la disputa
por el poder político. La restitución del estado de derecho y de su capacidad
reguladora de la vida económica y social del país, solo será posible por la vía
de la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas organizadas. De la
suscripción del Pacto impulsado por PAN
y PRD depende el futuro de México. En la base de la pirámide social y
política tendrán que darse los respectivos alineamientos, sean por la vía de la
persuasión o por la del llamado a la rendición de cuentas que incluye a las
organizaciones sociales y productivas.
LEGALIDAD Y PROTESTA JUVENIL
Estabilidad y acuerdos para regeneración institucional
del Estado y la implementación concertada de políticas de mediano y largo plazo
o continuismo reactivo de las decisiones barnizadas de discurso modernizador de
la gestión pública. Tal es el contexto de las movilizaciones, marchas y actos
de presión y, entre estas, las de origen estudiantil de alto impacto en las
redes sociales y la proyección de la imagen de los gobiernos en turno.
Prácticamente en todos los países del mundo se ha visto
la presencia de jóvenes que realizan manifestaciones y actos de protesta. El
fenómeno social y cultural no es nuevo, nada de lo creado por la mano del
hombre está libre de ser motivo de protesta, ni siquiera las expresiones que
podrían llamarse “extremistas” como los llamados a la acción ilegal de parte de
jóvenes cuya sensibilidad o grado de marginación social los coloca en el
terreno de pronunciamientos identificados con el pensamiento anarquista.
La expresión juvenil puede tener muchas lecturas; destaco
dos:
a)
Como producto de
la inconformidad ante el escenario de incertidumbre y la falta de oportunidades
latentes en su percepción del mundo que les rodea.
b) Como expresión con base seudoideològica a veces de corte
marxista o alguna de sus variantes.
Para el régimen de gobierno, las manifestaciones
juveniles del perfil que sea no
representa problema hasta que surgen actos de ilegalidad. Por eso importa
reflexionar sobre los exhortos dirigidos a los jóvenes a que se manifiesten en
espacios públicos, en ejercicio de sus derechos constitucionales.
En diversos tonos y modalidades, el discurso desde le
poder convoca a los jóvenes a conducirse dentro de los cauces legales y a no
afectar los derechos de terceros, no dar lugar a provocaciones o actos ilegales
y ser mas concretos o focalizados en sus demandas dado que la tendencia
observada es a incluir toda clase de
peticiones sin limite territorial o de competencia de las autoridades. Por
ejemplo es común observar que sus proclamas que incluyen desde la exigencia de un comedor estudiantil,
la eliminación del calentamiento global, la expulsión de un director, el
incremento en el presupuesto a las universidades, la dotación de lotes para
vivienda de una colonia, contra la violencia de género en la publicidad, etc.
Independientemente de lo anterior, al
manifestarse en los centros educativos, en las calles, plazas o en las redes
sociales, los jóvenes y principalmente los universitarios, ejercen derechos
políticos constitucionales igual que lo hace cualquier otro sector u organizaciones
social.
En cuanto a las autoridades
responsables directos de la gobernabilidad y del orden público, cumplen con su
deber de exhortar a los jóvenes a que se conduzcan legal y en forma pacífica.
Un exhorto que puede abonar a favor del ejercicio civilizado de los derechos
políticos si incluye absolutamente a toda la sociedad y sus actores. La
discriminación mediante la cual unos cuentan con facilidades de expresión y otros no, es signo de ejercicio arbitrario
del poder lo que evidentemente debilita
a las instituciones.
En la falta de una cultura de la
legalidad entramos todos los actores y en el esfuerzo por afrontarla como reto
absolutamente nadie debe estar ausente.
La convivencia pacífica y civilizada supone un orden
jurídico cuya observancia la hace posible. Sin embargo, es pertinente aclarar
que el desarrollo de una cultura de esta naturaleza no se va a
lograr por más exhortos que desplieguen los gobernantes. Además de la eficacia
en el combate a la violencia y la impunidad, se requiere de esfuerzos
deliberados que proporcionen a los ciudadanos las herramientas para
defenderse. El respeto por la legalidad es una meta que el gobierno
debe fomentar de manera permanente y mediante esfuerzos ampliamente
participativos pero sobre todo, que los ciudadanos sepan del costo tan elevado
que hay en una sociedad de ilegalidad generalizada.
Precisamente
por el reto descomunal que representa crear una cultura así, es por lo que
importa que las autoridades emprendan de inmediato un programa específico con
esta finalidad que involucre a todas las instituciones y organizaciones
sociales y que llegue a todos los sectores de la sociedad y a todo el
territorio. Un esfuerzo que incluya de manera permanente a los medios de
comunicación, líderes de opinión y las organizaciones de periodistas,
entré otros.
Todo el
sistema educativo debe participar de manera activa y desde luego la
propia Universidad Veracruzana. Niños, adolescentes, adultos, todos
debemos hacer conciencia de nuestros derechos y obligaciones.
La cultura de la legalidad
tiene que apreciarse en todas las esferas, en todos los ámbitos, incluso en la
formación de nuevas generaciones para que desde los primeros años de edad
rechacen toda forma de violencia en lugar de que se acostumbren, se diviertan y
pierdan la capacidad de asombro como ya nos está ocurriendo. Es evidente que la
cultura de la violencia y de la ilegalidad
debe ser contrarrestada con
esfuerzos en contrario, inteligentes y permanentes.
El comportamiento legal
como el ilegal debe servir para el fomento de esta cultura de la legalidad. No
hay razón para que la disposición al dialogo y al acuerdo dentro de la
legalidad, sea solo merito de las
autoridades y no también de los actores concurrentes. Tampoco hay razón para
que la sanción o sentencia por actos ilegales o violatorios de normas, sean
objeto de secrecía cuando se trata de actos objeto de derecho público.
Todo conflicto resuelto en el marco de la ley
y por la vía de la negociación y el dialogo debe merecer la más amplia difusión
(no protagónica) para que cumpla su función pedagógica ya que hasta ahora lo
más difundido han sido los triunfos de la violencia, la impunidad, la
corrupción de la justicia, la presión a cambio de canonjías, del mal ejemplo y
la turbia negociación.
La gobernabilidad la hacemos posible todos e
implica un cambio cultural, dijo el Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza en
cierta ocasión ante organizaciones empresariales; un cambio que demanda campañas permanentes de difusión de derechos y obligaciones de los
ciudadanos, una enorme tarea en la que es deseable que participen todas las
organizaciones sociales empezando por los colegios de abogados y los
estudiantes de la carrera de derecho.
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