LEGADO DEL GRAL LÁZARO CARDENAS DEL RIO
MENSAJE DE LÁZARO CÁRDENAS
A LOS REVOLUCIONARIOS DE MÉXICO
19 octubre 2010
En el 40 aniversario luctuoso del Gral. Lázaro
Cárdenas del Río, presentamos el siguiente mensaje que
iba a ser deliberado el 20 de noviembre de 1970, por el
propio ex Presidente, pero falleció el 19 de octubre
anterior. Su hijo Cuauhtémoc lo presentó en el Monumento
a la Revolución el 19 de octubre de 1971, en el primer
aniversario de la muerte de su padre.
A los revolucionarios de México
Noviembre 20, 1970.
Sesenta años nos separan desde que se inició la
Revolución y ha transcurrido casi media siglo del pacífico
esfuerzo constructivo.
La evolución política y el progreso material, los
avances sociales y educativos como fruto de la Revolución
iniciada por Madero, interrumpida por Huerta y continuada
por Zapata y Carranza, están presentes en la vigencia
de las instituciones democráticas, en un mejor nivel de
vida y cultura y un cambio positivo en la mentalidad del
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pueblo, capaz hoy de alcanzar metas de mayores
proyecciones.
La no-reelección, fruto de la experiencia
histórica, ha contribuido a liberar a la ciudadanía de
la inercia que produce el continuismo y, en general,
cada gobierno ha podido ejercer una acción administrativa
de perfiles propios que, aunque no exenta de errores y
contradicciones, ha tenido efectos más favorables para el
país que la permanencia indefinida de personas en los
órganos del poder público y que la reiteración de
métodos de gobierno, que suelen hacer que aquel
pierda el pulso de la evolución de la sociedad y cobra
inevitables síntomas de rigidez.
Es necesario, a mi juicio, completar la no-reelección en
los cargos de elección popular con la efectividad del
sufragio, pues la ausencia relativa de este postulado mina
los saludables efectos del otro; además, debilita en su
base el proceso democrático, propicia continuismos
de grupo, engendra privilegios, desmoraliza a la
ciudadanía y anquilosa la vida de los partidos.
En efecto, una perenne soledad en los triunfos
electorales basados en la unilateralidad obligada del
sufragio o en los obstáculos que encuentran los
contrarios para ejercerlo y hacerlo respetar, deja de
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ser saludable, más aún si aquellas victorias son
resultantes de una política de partido que incorpora a
sectores con intereses antagónicos bajo una falsa
amplitud conceptual de los objetivos de la Revolución
Mexicana, pues esa política no aglutina ni fortalece la
acción de las masas partidarias, sino margina a éstas de la
militancia y de su participación entusiasta en las lides
electorales.
La relativa invalidez del sufragio, también ha
hecho que se asigne a los demás partidos de disímiles
posturas un papel complementario y dependiente que
se traduce en adhesiones electorales al partido en el
poder o en sedicentes luchas de matices ideológicos
entre todas las agrupaciones políticos reconocidos y
que, en extraña unanimidad, proclaman sostener los
principios de la Revolución Mexicana.
Esta situación abate el espíritu cívico de la ciudadanía,
especialmente de los jóvenes que, en vez de una lucha de
principios e intereses encontrados, encuentran en
paradójica unión partidaria a explotadores y explotados, a
revolucionarios y reaccionarios; y entre los partidos sólo
hallan una contienda propiamente convencional.
Quizá en el empeño de fortalecer la unidad nacional
se ha permitido la presencia de elementos extraños a la
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Revolución en las propias filas del partido. Considero que
ello ha estorbado para consolidar los logros y acelerar la
marcha de la Revolución.
Valdría meditar y determinar si la flexibilidad que se
ha tenido, hasta culminar con la aceptación de esos
elementos, habrá ayudado a consolidar los logros y acelerar
la marcha de la Revolución…
En algunos periodos del régimen de la Revolución se
han impartido facilidades para la organización de nuevas
agrupaciones políticos y se ha permitido la existencia legal,
abierta, aun a las ideologías más extremas, en la confianza
de que el régimen de la Revolución gozaba del apoyo de las
mayorías y de que cumpliendo las reivindicaciones sociales
de la propia Revolución se fortalecería aún más el régimen.
Asimismo, se cuidó durante esos períodos que la vida
política del partido del mismo régimen transcurriera en la
práctica de la democracia interna.
Existen nuevos grupos y ciudadanos dispersos
deseosos de canalizar sus inquietudes en las luchas
cívicas, los que tienen pleno derecho a acogerse a los
mandatos constitucionales para organizarse, lo que
enriquecería la vida política y la discusión ideológica entre
los mexicanos y contribuiría a fortalecer al régimen, cuya
solidez en la conciencia pública estriba en el cumplimiento
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estricto que se haga de la Carta Magna y en las medidas
que a su amparo se dicten en favor de las capas
mayoritarias del país; en la defensa de la soberanía
ante cualquier acechanza extranjera; de la capacidad
del gobierno para aprovechar los recursos naturales
en beneficio de la nación y conducir la economía por
los senderos de la independencia económica.
La autonomía política del país descansa en su
plena independencia económica.
Para llegar a obtener ésta cabalmente, habría que
examinar objetivamente la situación en que se encuentran
las finanzas y, en general, la economía del país, y disponer
de las armas para reiniciar su defensa con insobornable
criterio nacionalista, resistiendo las presiones externas y,
asimismo, las internas que se han venido ejerciendo por
aquellos sectores que tienen la mente fija en las ganancias
particulares, generalmente ya ligados o permeables a la
influencia de intereses extranjeros, especialmente
norteamericanos. Desafortunadamente, la obsecuencia
hacia éstos no tan sólo proviene de elementos de la
iniciativa privada sino también del sector público, que
olvidan los intereses permanentes de la nación al
escoger el camino del enriquecimiento ilícito y al
poner su inteligencia y su poder a disposición del
capital extranjero.
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La política tendiente a obtener cuantiosos créditos y
préstamos del exterior, en la confianza excesiva de
nuestra capacidad de pago por el desarrollo que
promueven, tendría también que considerar la
pesada carga que esa política hace incidir sobre la
economía del pueblo; el hecho de que condiciona y
acentúa la malsana unilateralidad del comercio exterior y
mina las bases del desarrollo independiente; que impone al
país una obligada paciencia ante mal disimuladas
represalias económicas y ruinosas situaciones que
determinan intereses ajenos en zonas agrícolas; y, en
ciertas ocasiones, la política referida hace que se cierna un
ominoso silencio ante actos violatorios de la soberanía e
indebidas presiones políticas y económicas que el
imperialismo ejerce sobre México.
Considero que de sostener el monto y el ritmo del
endeudamiento externo que hace más de dos décadas se
practican, se otorgaría innecesariamente un arma que
perpetúa la dependencia, y, en cuanto a sus efectos, la
historia de México es muy elocuente…
A pesar de las advertencias nacionalistas de una
opinión pública alerta, sigue presente la
indiscriminada penetración de capitales
norteamericanos en la industria, el comercio, las
actividades relacionadas con el turismo y otros
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renglones de la economía y los servicios, penetración
que se realiza con el respaldo de una banca también
subordinada a instituciones internacionales que, a su
vez, representan a los principales inversionistas
norteamericanos que aquí operan, completando de
esta manera el círculo vicioso que descapitaliza al
país…
Hay que hacer la salvedad de que los préstamos y
créditos europeos y asiáticos no revisten peligrosidad
porque están lejos de establecer hegemonía y, ayudando al
desarrollo del país, no lesionan su soberanía como ha
sucedido en varias instancias con la desmedida
afluencia de capital norteamericano.
Más grave aún que la penetración de capital
norteamericano, si cabe, es la inevitable
consecuencia de que para consolidar su posición
extiende su influencia, como la mala hierba, hasta los
centros e instituciones de cultura superior, pugnando
por orientar en su servicio la enseñanza y la
investigación; y, asimismo, se introduce en las
empresas que manejan los medios de información y
comunicación, infiltrando ideas y normas de conducta
tendientes a desnaturalizar la mentalidad, la
idiosincrasia, los gustos y las costumbres nacionales
y a convertir a los mexicanos en fáciles presas de la
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filosofía y las ambiciones del imperialismo
norteamericano.
México, sin duda, tiene grandes reservas morales,
para defender sus recursos humanos y naturales, y es
tiempo ya de emplearlas para cuidar en verdad que el país
se desenvuelva con su propio esfuerzo.
Fieles intérpretes de esas reservas son la letra y el
espíritu del articulo 27 constitucional promulgado en 1917,
y el sano y auténtico nacionalismo con que los mexicanos
respaldan su dinámico contenido, que faculta a la nación a
regular el aprovechamiento de la riqueza, velar por su
conservación, procurar su distribución justa y renovar y
transformar pacíficamente las estructuras en desuso.
En efecto, en su esencia y definición como fuerza
integrante de la nacionalidad, la Revolución y sus leyes
primigenias promovieron un profundo e imprescindible
cambio implantando la redistribución de la propiedad
territorial, haciendo a los mexicanos más dueños de su
propio suelo y, con el dominio directo de la nación sobre
sus recursos, ésta afirmó su autonomía proyectándola hacia
el futuro al ir sumando a su patrimonio y manejo las
industrias básicas necesarias para el desarrollo
independiente del país.
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Por lo tanto, bastaría cumplir empeñosamente los
preceptos de la Constitución para proteger el patrimonio del
país y establecer una política de franca cooperación externa
diversificada y en el respeto y provecho recíprocos, mas
vigilando que los financiarnientos y las inversiones foráneas
encuentren cauce y taxativas adecuados para que su
proporción y su campo de acción sean determinados
legalmente, para que así actúen en forma efectivamente
complementaria en la economía mexicana, y que las
aportaciones técnicas, científicas y culturales obren en
provecho del país.
La concentración de la riqueza no es, por cierto,
una meta de la Revolución Mexicana, y, sin embargo, es
necesario reconocer que es un fenómeno en proceso
ascendente.
Esto obedece, en lo que se refiere al campo, a un
nuevo acaparamiento de la tierra, del agua y el
crédito en manos de modernos terratenientes y
llamados pequeños propietarios. En efecto,
estimulados por las reformas contrarrevolucionarias
introducidas en la Constitución y las leyes agrarias en
el año de 1946, que ampliaron las dimensiones de la
llamada pequeña propiedad agrícola y que otorgaron
inafectabilidades improcedentes junto con el recurso
de amparo que aprovechan los que más tierra tienen,
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los propietarios favorecidos se han dedicado a
comprar o alquilar fraudulentamente terrenos
ejidales, auténticas pequeñas propiedades y
minifundios, extendiendo el sistema capitalista de
explotación rural, con mano de obra ejidataria o de
trabajadores aleatorios, y creando con ello un nuevo
proletariado del campo que vive en el desamparo, sin
la protección de las leyes del trabajo, pues ni siquiera
está organizado en sindicatos como los que existían
cuando se empezó a aplicar la Reforma Agraria.
Esta vertiginosa reversión hacia un
neolatifundismo opera contra la organización y la
consolidación del sistema ejidal, y, naturalmente, de los
objetivos básicos, socioeconómicos, de la Reforma Agraria,
pues ante el incentivo del lucro, los grandes y medianos
agricultores, paradójicamente llamados pequeños
propietarios, en un país de rápido incremento demográfico
y crecientes necesidades agrarias, vuelven a concentrar la
propiedad o el uso de la mejor tierra, y, disponiendo de los
elementos técnicos y pecuniarios suficientes para
trabajarlas óptimamente, se instituyen en rectores de la
producción, de los precios y del mercado, con los
consiguientes perjuicios para los ejidatarios y los auténticos
pequeños propietarios…
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El desequilibrio en el ingreso se debe lo mismo al
abandono del espíritu agrarista en algunas leyes, como a
prácticas ajenas a las disposiciones positivas que perviven;
asimismo, a la falta de orientación, organización,
enseñanza agrícola elemental, vigilancia, ayuda técnica y
financiera que el régimen tiene el compromiso de
proporcionar a quienes mayor derecho tienen a la
protección social y económica del gobierno, puesto que los
campesinos y los obreros agrícolas, además de ser los más
necesitados, son los que en toda circunstancia trabajan y
hacen producir la tierra, alimentan a la población y
abastecen de materias primas a la industria doméstica y al
comercio exterior mexicano…
En realidad las formas más eficientes de producción y
organización del trabajo pueden ser aplicadas en los ejidos
colectivos y estas unidades serían más productivas que los
demás sistemas de tenencia si el Estado, además de
atenderlas permanentemente como arriba se indica,
comprendiera a fondo la importancia socioeconómica y
agrícola del ejido colectivo y no lo abandonara a su suerte,
sino facilitara su organización en toda instancia propicia o
requerida por los campesinos, y exigiera estricta
responsabilidad a los encargados de dirigir la técnica de los
cultivos y a quienes manejan el crédito público, haciendo
que el privado operara bajo disposiciones específicas del
gobierno y con su estrecha vigilancia para evitar, en uno y
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otro caso, indebidas especulaciones y transgresiones a la
ley…
En cuanto a la reducción de la llamada pequeña
propiedad, si en efecto las tierras repartibles con la actual
legislación se están agotando, posiblemente será porque las
superficies que el articulo 27 vigente permite no pueden
considerarse afectables, por lo que sería preciso, como lo
han apuntado estudiosos del problema agrario, hacer
reformas al mencionado artículo constitucional para reducir
sustancialmente la extensión de la pequeña propiedad hoy
amparada por las leyes, para poder dotar las tierras
sobrantes a los núcleos de población que carecen de ellas,
tomando asimismo en consideración a las nuevas
generaciones del agro que no podrán ser absorbidas por las
industries rurales y urbanas, por apresurado que sea su
desarrollo en las próximas décadas.
Para seguir repartiendo tierras afectables que se
amparan bajo simulaciones de pequeñas propiedades
bastaría con la prueba de presunciones, cuyo antecedente
legal se encuentra en las leyes de desamortización de 1856
y sus reformas. Siendo también pertinente la modificación
de las leyes que posibilitan la existencia de latifundios
familiares y otras formas de anómala concentración
territorial.
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Estas medidas y las que se tomen para abrir nuevas
tierras al cultivo en amplias áreas disponibles y en las
inmediaciones de los cauces de los ríos, no invalidan la
necesidad de reducir la extensión de la pequeña propiedad
a proporciones concordantes con el equilibrio armónico que
debe establecerse en verdaderos pequeños propietarios,
ejidatarios y minifundistas, los que hallarán en el ejido
colectivo estímulo y protección para adoptar normas
cooperativas, en vez de la competencia aniquilante de las
medianas y grandes propiedades, cuyos dueños obran en
forma objetivamente antagónica al ejido y a los auténticos
agricultores en pequeño.
Para acometer estas reformas el régimen tiene en su
haber un largo periodo de estabilidad, precisamente al
influjo de la Reforma Agraria, por la distribución que se ha
hecho de la tierra a numerosos campesinos, encendiendo
una esperanza cierta en los que aún carecen de ella…
La administración pública de 1934-40, basándose en la
ley y en el plan sexenal de gobierno, atendió el problema
agrario en el criterio de que las unidades de explotación
colectiva son clave para el desarrollo agrícola y el avance
social de la población campesina, y en esta convicción se
repartieron grandes latifundios, a fin de entregar con tierras
en producción los demás elementos para la explotación
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agrícola-industrial de los ejidos y, también, para dejar
establecida la ilegalidad de la existencia de los latifundios…
El retroceso y el relativo desorden prevalecientes en
algunas de esas zonas (donde se dotaron ejidos colectivos)
se deben a la falta de interés para impulsar el ejido
colectivo. La consecuencia ha sido el innegable regreso,
franco o subrepticio, de los terratenientes que, por la
cuantía de los intereses que representan, se han podido
posesionar otra vez de las tierras y las máquinas o influyen
a través del crédito usurario en la producción y la
comercialización de las cosechas, apropiándose de los
rendimientos obtenidos con el esfuerzo de los campesinos…
La indiferencia y el burocratismo en que se han vista
envueltas las cuestiones campesinas se definen con el
olvido en que por largos años han caído las escuelas
prácticas de agricultura destinadas a enseñar a los
ejidatarios cómo cultivar y hacer más productiva la tierra,
cuáles técnicas sencillas pueden utilizar, cómo mejorar sus
instrumentos de trabajo y otras cuestiones elementales.
Otro hecho verdaderamente insólito es la inexistencia
del servicio social para los alumnos de la Escuela de
Agricultura de Chapingo, cuando la necesidad de consejo y
ayuda que tienen los campesinos es tan apremiante…
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Es difícil comprender también que la Escuela de
Agricultura tienda a crear, casi exclusivamente,
investigadores y técnicos de alto nivel, que por ese mismo
hecho, quedan excluidos del medio rural.
La incomprensión o quizás el temor a la inconformidad
que existe en varias regiones rurales producen la
incongruencia de que en los cursos de ingeniería
agronómica se excluya de manera absoluta la enseñanza y
la información sobre los antecedentes del agrarismo en
México y las leyes que la Revolución creó al respecto.
¿Es posible que la Reforma Agraria siga siendo ajena a
los agrónomos, a la capacitación de los campesinos, a la
utilización de los técnicos de la agricultura en el campo?
El problema rural es el más serio que registra el
país y para resolverlo es preciso reconocer sus
verdaderas dimensiones y romper audazmente los
valladares que se oponen a la aplicación de la
Reforma Agraria. Todavía habrá que cubrir la etapa de las
dotaciones donde sea necesario, la de organización,
financiamiento y desarrollo en innumerables instancias y la
de su integralidad en las unidades ya preparadas, sabiendo
de antemano que revalidar su contenido social,
reestructurar y abrir nuevos horizontes al problema de la
tierra, es un proceso largo pero que es urgente abordar de
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inmediato, pues de otra manera será cada día más agudo
y, en ciertas regiones, puede tornarse explosivo.
Toda verdadera manifestación de democracia, ya
sea en el orden político, social o cultural, se nutre en
la democracia económica que produce un cambio
profundo de las estructuras.
La acentuación de las diferencias sociales señala la
lejanía de ese objetivo y es otro síntoma de que la riqueza
se concentra con la correlativa depauperación de los
trabajadores, y conturba la conciencia popular ante los
evidentes efectos del grave y ascendente
desequilibrio entre los factores de la producción, el
que obstruye seriamente la ruta de la democracia
económica.
Para citar solamente al sector que más fielmente
refleja la exagerada concentración de la riqueza,
cabe considerar que mientras la banca privada y sus
grandes socios sigan ensanchando sus actividades e
influyendo decisivamente sobre las más diversas
ramas de la economía, sin cortapisa alguna ni cauce
legal que permita al gobierno intervenir en la forma
de canalizar los recursos bancarios en la producción y
los servicios de mayor importancia y beneficio
popular, el desarrollo económico del país estará a
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expensas de los grupos financieros y su poderosa
periferia, los que han demostrado más de una vez
carecer de todo sentido nacional y cuyos móviles son
meramente lucrativos.
En el auge de las finanzas privadas, producto del
desarrollo pero también de la especulación, se observan
claras tendencias monopolistas y aunque la cuantía de sus
recursos podría deslumbrar a quienes piensan que los
banqueros y sus socios se dispondrán a invertir
considerables sumas para impulsar un desarrollo rural y
urbano equilibrado, hasta la fecha, las exhortaciones
amistosas en tal sentido sólo han encontrado de parte de
los sectores financieros y, en general, de la iniciativa
privada, la búsqueda de nuevos campos de inversión de
altos rendimientos o mayores precios para sus
manufacturas y artículos comerciales, sin atender las
razones de interés nacional y social que el gobierno aduce
para que promuevan actividades productivas útiles a la
colectividad o hagan un esfuerzo disminuyendo sus precios
en beneficio del consumidor y acepten obtener
rendimientos moderados, razonables…
Volviendo a las finanzas privadas, a los productores y
comerciantes, la experiencia muestra que aprovechan el
sistema de la libre empresa y sacan ventaja de una
economía mixta alienada por prestanombres, lo que les
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permite acumular un poder económico de tal envergadura
que, inexorablemente, llegan a ejercer considerable
influencia sobre el poder público.
El gobierno posee instrumentos eficaces y legítimos
para canalizar útilmente la riqueza acumulada y promover
el progreso económico con justicia; para ello bastaría
decretar una reforma fiscal profunda que hiciera recaer una
proporción considerable del costo del desarrollo sobre los
sectores adinerados, y nacionalizar la banca para encauzar
los recursos que haya menester a la producción industrial,
agropecuaria y forestal planificada, en el respeto a las leyes
que protegen las riquezas naturales y las garantías y los
derechos sociales, considerando las necesidades internas
del país y de su población, así como las de la exportación.
Por hoy, la fuerza que han adquirido los sectores
patronales motiva que impunemente violen el espíritu de
justicia de las leyes del trabajo y, en innumerables
instancias, su propia letra, ya sea estableciendo un sistema
de contratación temporal que exime a los patrones de
numerosas responsabilidades; eludiendo incorporar a sus
trabajadores al Seguro Social o en completo
despreocupación por establecer los servicios médicos y
escolares que la ley reclama para éstos y sus familiares;
por las condiciones mínimas de higiene en los centros de
19
trabajo y su resistencia a cumplir con los modestos
alcances de la ley sobre el reparto de utilidades.
Estas y otras formas en que los patrones ignoran sus
deberes se hacen más evidentes para los trabajadores, al
sostener aquéllos la tesis de que sólo con el aumento de la
productividad del trabajo se justificaría el aumento de los
salarios y mejores prestaciones, tesis completamente falsa,
ya que la productividad crece continuamente y los patrones
jamás elevan espontánea y proporcionalmente a sus
ganancias los salarios de los trabajadores.
En verdad, las diferentes capas de trabajadores
urbanos, a pesar de que disfrutan de mejores ingresos y
condiciones de vida que los campesinos, pasan por un
proceso de depauperación por el alza continua y hasta hoy
incontrolada de los precios de numerosos artículos de
consumo y en especial los de primera necesidad, lo que
provoca además un malestar general. Los efectos de
endebles aumentos salariales se ven nulificados o aún
agravada la situación de los trabajadores de ingresos fijos
por un hecho que podría prevenirse por el camino de la ley
y de su estricto cumplimiento, con el control de precios de
artículos necesarios, pues dejar sin freno los actos
socialmente delictuosos que producen la carestía de la vida,
puede sumir a la inmensa mayoría de la población en una
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penuria que, además de totalmente injusta, puede
convertirse en elemento de inestabilidad.
Los obreros han carecido de defensa gremial
combativo y consecuente respecto a sus derechos de
usufructuar una mayor parte de la riqueza que producen.
La inoperancia de los sindicatos como organizaciones
de resistencia, debido en parte al abatimiento del ejercicio
de la democracia interna, y, también, a la inacción de sus
dirigentes, hace que ese sector de la sociedad se encuentre
abandonado a la rutinaria revisión de sus contratos de
trabajo, en un estado de conformismo compulsivo
perjudicial a sus propios intereses. En peores condiciones
aún se encuentran los trabajadores carentes de
organización, pues en esos casos las leyes son
regularmente violadas y aquéllos permanecen al arbitrio de
los patrones en la determinación de sus salarios y sus
condiciones de trabajo, sin las garantías y prestaciones que
la ley determine.
Se podría argüir que no es responsabilidad del
gobierno sino de los trabajadores, conquistar la democracia
interna en los sindicatos y, en el caso de los no agrupados,
que existen garantías para organizarse de acuerdo con la
ley. Esto sería verdad en la medida que las condiciones de
abatimiento social de los trabajadores dejaran de responder
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a indebidos privilegios de que disfrutan sus dirigentes para
mantener en la inmovibilidad a las masas organizadas y al
hecho de haber dejado en el desamparo a las que no están
organizadas. Hay que considerar que la explotación
patronal se ha recrudecido porque las organizaciones
obreras han perdido su independencia y con ello, los demás
trabajadores, todo estímulo.
Estas situaciones son por completo anormales en el
régimen de la Revolución Mexicana, cuyo significado
perdurable y más valedero reside en la reivindicación social
y económica de las clases proletarias.
En México valdría resolver las contradicciones entre el
capital y el trabajo con un cambio estructural más
profundo, que haga posible cumplir con la Constitución de
la República, la que determine el dominio de la nación
sobre los recursos naturales, que condiciona la propiedad
privada a las modalidades que dicta el interés público y
faculta al Estado a regular el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación particular,
para cuidar su conservación y hacer una distribución justa
de la riqueza, en vez de seguir acariciando la falsa
perspectiva del inevitable transcurso del ciclo capitalista de
desarrollo, pues la urgencia de realizar hondas
transformaciones para alcanzar la justicia y la propia
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presencia del imperialismo que descapitaliza al país, no lo
permiten.
La reforma educativa tiene que corresponder a las
necesidades del desarrollo independiente y a las exigencias
de una sociedad que sabe ya valorar el trabajo justamente
compensado, la adquisición universal de la enseñanza y la
salud en la solidaridad social como principales premisas
para una fructífera convivencia.
Ante las previsibles circunstancias históricas que
actualmente imperan, se instituyó hace treinta y cinco años
la educación socialista en México bajo esos lineamientos. El
camino entonces trazado hubiera hecho menos difícil el
tránsito a un orden social que hoy se abre paso en media
de violentas contradicciones.
¿Por qué no relacionar la preparación de la juventud
con el desenvolvimiento económico y social del país, junta
con la apertura de oportunidades de trabajo productivo y
útil, lo mismo para los jóvenes técnicos y profesionales que
para los que no tengan capacitación especializada, pues
todos tienen la misma responsabilidad y los mismos
derechos ante la nación, para hacer grande y justa a la
patria mexicana?…
23
Para corresponder a un imperativo humano y social y
a una necesidad absoluta para avanzar, es perentorio
universalizar en la práctica la enseñanza primaria, aun
cuando fuese menester allegarse los elementos necesarios
de fuentes privadas de todos los niveles sociales, con
aportaciones sustanciales de quienes más tienen, a fin de
que la educación pública elemental llegue a todos los
rincones del país, sin descuidar las zonas en que niños y
padres indígenas claman por tener escuela y con ella
esperanza de redención.
Los pueblos indígenas que habitan en distintos lugares
de la República, a pesar de la diversidad del medio en que
viven y de las características que los distinguen, tienen
todos en común su estado de atraso y abandono y la
explotación de que son objeto.
Después de treinta años puede repetirse, sin
variaciones, lo que se dijo de los indígenas y su condición,
pues a pesar de algunos esfuerzos esporádicos hechos en
su favor, la situación que guardan sigue siendo muy
deprimente.
En el año de 1940, al inaugurarse el Primer Congreso
Indigenista Interamericano, entre otros aspectos de la
situación de la población indígena se manifestó:
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México tiene entre sus primeras exigencias, la
atención del problema indígena, y, al efecto, el plan a
desarrollar comprende la intensificación de las tareas
emprendidas para la restitución o dotación de sus tierras,
bosques y aguas; crédito y maquinaria para los cultivos,
obras de irrigación; lucha contra las enfermedades
endémicas y las condiciones de insalubridad; combate a los
vicios, principalmente al de la embriaguez; impulse a los
deportes; fomento de las industrias nativas, acción
educativa extendida a los adultos en una cruzada de
alfabetización, de conocimientos básicos para mejorar los
rudimentarios sistemas de producción…
No es exacto que el indígena sea refractario a su
mejoramiento, ni indiferente al progreso. Si frecuentemente
no exteriorize su alegría ni su pena, ocultando como una
esfinge el secreto de sus emociones, es que está
acostumbrado al olvido en que se le ha tenido; cultiva
campos que no compensan su esfuerzo; mueve telares que
no lo visten; construye obras que no mejoran sus
condiciones de vida; derroca dictaduras para que nuevos
explotadores se sucedan y, como para él sólo es realidad la
miseria y la opresión, asume una actitud de aparente
indiferencia y de justificada desconfianza.
La fórmula de “incorporar al indio a la civilización”,
tiene todavía restos de los viejos sistemas que trataban de
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ocultar la desigualdad de hecho. […] Lo que se debe
sostener es la incorporación de la cultura universal al indio,
es decir, el desarrollo pleno de todas las potencias y
facultades naturales de la raza, el mejoramiento de sus
condiciones de vida agregando a sus recursos de
subsistencia y de trabajo todos los implementos de la
técnica, de la ciencia y del arte universales, pero siempre
sobre la base de la personalidad racial y el respeto de su
conciencia y de su entidad. El programa de emancipación
del indio es en esencia el de la emancipación del proletario
de cualquier país, pero sin olvidar las condiciones
especiales de su clima, de sus antecedentes y de sus
necesidades reales y palpitantes. Para mejorar la situación
de las clases indígenas, se pueden trazar los lineamientos
de una campaña que debe ser realizada por una serie de
generaciones y un conjunto de gobiernos que estén
inspirados por una finalidad común.
Referírse a los indígenas es, también, remitir la
imaginación a los bosques, a ese inmenso bien con que la
naturaleza dotó a México, tan irracionalmente explotado
ante la indiferencia casi general y cuyos verdaderos
dueños, junta con los trabajadores forestales, son tan mal
retribuidos.
En materia forestal considero que, constituyendo ese
recurso un bien nacional y cuya conservación es de interés
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público, debiera coresponder al Estado la extracción y la
comercialización de la madera a través de un organismo
nacional, descentralizado, para cuidar que los bosques se
exploten racionalmente, proteger los derechos de sus
dueños y otorgar las garantías de ley a los trabajadores;
asimismo, para repoblar los bosques en mayor magnitud
que su aprovechamiento, cuando menos duplicando el
número de árboles restituidos, como se ha hecho durante
muchos años y se sigue hacienda en Canadá y otros países.
Así, se defienden los suelos de la erosión, se preserva el
régimen de las lluvias, se multiplica el aprovechamiento de
las obras hidroeléctricas y se conserva una de las riquezas
renovables más grandes que tiene el país, con las múltiples
ventajas que para la población y las nuevas generaciones
significa el contar con amplias áreas boscosas.
Pocas circunstancias tan propicias para hacer una
crítica constructiva de la trayectoria que ha seguido la
Revolución Mexicana y un severo juicio sobre la situación
existente, pues las transgresiones a sus nobles objetivos
están llegando al límite en la conciencia popular en los
momentos precisos en que nuevas generaciones desean
conducir al país hacia una nueva etapa revolucionaria,
pacífica pero dinámica, para impartir justicia y abolir
privilegios.
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Medio siglo de experiencia ha hecho obvio que la ley
suprema de la República, la Constitución, pueda esgrimirse
con distinto espíritu, no tanto por su interpretación
subjetiva como por los intereses que se hacen representar
en el poder con mayor fuerza. Y es inútil ignorar que de
tiempo atrás los intereses conservadores han adquirido
señalada influencia debido a la aceptación tácita de la tesis,
falsa por incompleta, de que para repartir la riqueza hay
que producirla primero con la afluencia de recursos
financieros, sin considerar que quienes extraen y
transforman la riqueza han dado origen e incrementado con
su trabajo tales recursos.
Con la tesis antedicha se han seguido otorgando
máximas facilidades a los inversionistas nacionales y
extranjeros, sin oponer al criterio empresarial de la mayor
ganancia la necesidad de que los trabajadores compartan
en justa proporción los beneficios y obtengan las
prestaciones que la ley señala.
Con la política de unidad nacional sin distingos
sociales, de liberalismo económico, de colaboración de
clases y la irrestricta penetración de capital foráneo se
puede prolongar la idea, más aparente que real, de que se
vive una etapa de desarrollo con justicia y paz sociales. Mas
la propia mecánica con que operan las fuerzas económicas
está demostrando que, sin correctivos, esa política produce
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la concentración de la riqueza, mediatizando el sentido y la
vigencia de las leyes revolucionarias.
En México, a diferencia de los demás países de
América Latina, las repercusiones de una revolución popular
que reestructuró las bases de la economía y modificó las
relaciones de clase, aún subsisten, y las mejorías logradas
mantienen una estabilidad que, sin embargo, de no
encontrar el régimen pronto solución a los ingentes
problemas de las masas rurales y urbanas, tarde o
temprano el país se verá arrastrado por la vorágine de una
lucha entre las clases necesitadas y la que disfruta del
poder económico, como viene sucediendo en el continente
entero.
Paralelas, las luchas de emancipación nacional y de la
juventud, unidas en el tiempo, tienen ya también
proporciones universales.
En América, la primera abarca desde el Canadá hasta
la Patagonia. Ningún pueblo, ni aun el propio
norteamericano, son ajenos al fenómeno del imperialismo,
que depaupera a los países bajo su influencia y que aplica
una política de agresividad múltiple cuando asi conviene a
sus egoístas intereses.
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La independencia económica es un objetivo que ha
rebasado prejuicios y limitaciones de estadistas y sectores
medios latinoamericanos que hoy se disponen, en mayor
cercanía a las masas, a organizar una resistencia
nacionalista ante el comprobado espejismo de lograr un
verdadero desarrollo en la dependencia, cuando en realidad
sólo deja la descomposición nacional y miseria entre las
grandes mayorías nativas.
Es bien cierto que la juventud estudiosa y trabajadora
requiere capacitación para integrarse a la sociedad en que
viva, pero habrá que tener presente que su problema es
también de conciencia y que, si llega a manifestarlo en
actos de desesperación, es por su violenta inconformidad
con un mundo en que conviven, impunemente, la opulencia
y los privilegios de unos cuantos con la ignorancia y el
desamparo de muchos. Es natural que en la juventud se
acentúe, en razón de su generosa disposición, una
preocupación humana por la suerte de sus semejantes.
Por sus antecedentes históricos y la proyección de sus
ideales, México se debe a la civilización universal que se
gesta en media de grandes convulsiones, abriendo a la
humanidad horizontes que se expresan en la fraterna
decisión de los pueblos de detener las guerras de conquista
y exterminio, de terminar con la angustia del hambre, la
ignorancia y las enfermedades; de conjurar el uso
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deshumanizado de los logros científicos y tecnológicos, y de
cambiar la sociedad que han legitimado la desigualdad y la
injusticia.
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El legado de Lázaro Cárdenas
Marco Rascón
Lo que sería el discurso del general Lázaro Cárdenas
del Río para el 20 de noviembre de 1970, al cumplirse los
60 años de la Revolución, se convirtió en legado y
programa, pues falleció el 19 de octubre, un mes y un día
antes de la conmemoración. Fue Cuauhtémoc Cárdenas
quien leería ese legado y lo daría a conocer.
Como Mensaje a los revolucionarios de México, el
general Cárdenas trazó entonces una caracterización de la
institucionalización de la Revolución mediante el PRI,
señalando los desvíos de los principios de la Revolución,
pero planteando sobre la crítica objetivos por los cuales
luchar y defender.
En ese texto histórico establecía que el complemento
de la no relección era la efectividad del sufragio, pues uno
sin el otro debilita en su base el proceso democrático,
propicia continuismos de grupo, engendra privilegios,
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desmoraliza a la ciudadanía y anquilosa la vida de los
partidos. Visto a la luz de la actualidad, vemos los efectos
de la partidocracia y el debilitamiento del pensamiento
democrático en la vida política. Ya en ese entonces Lázaro
Cárdenas reconocía que la democracia efectiva era un
deber incumplido, pero que debía ser aspiración central y
necesaria de los revolucionarios.
Para no repetir los errores históricos que tanto
costaron al país, alertaba que sin plena independencia
económica no habría autonomía, y señaló a las políticas
endeudadoras, la hegemonía estadunidense llamada por su
nombre, imperialismo, y todas aquellas decisiones en los
gobiernos que favorecían a la oligarquía local y la
extranjera como causas de debilitamiento del proyecto
nacional. Visto en el sentido que tomaron las cosas con las
quiebras financieras de 1976 y 82, que significaron caer
atrapados en las políticas del Fondo Monetario y
comprometiendo recursos como el petróleo, sucedió lo que
advertía su legado y que sería “pesada carga […] sobre la
economía del pueblo; […] y mina las bases del desarrollo
independiente”. En 1993, la política de integración
económica a través del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte fue en sentido opuesto y en vez de
democracia económica, se profundizó la dependencia y falta
de soberanía, lo que mostró la razón de su legado.
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Concentración de la riqueza, manipulación de los
sindicatos y pérdida de autonomía y democracia sindical,
contubernios, destrucción del ejido a través de las
contrarreformas en materia agraria, como la ampliación de
la pequeña propiedad y el amparo para proteger y legalizar
el neolatifundismo, son temas, punto por punto, de la
situación de ese momento, en el que también señalaba
perspectivas. Ante ello decía: Toda manifestación de
democracia, ya sea en el orden político, social o cultural, se
nutre de la democracia económica que produce un cambio
profundo de estructuras. El sentido nacional era
transformar contra los monopolios que ahora prevalecen.
Tema central en el texto es la educación y el papel de
la juventud. A dos años del 2 de octubre, Lázaro Cárdenas
había dado muestras de su solidaridad al movimiento
estudiantil de 1968 protegiendo dirigentes; ya venía de la
persecución por su respaldo a Cuba y su derecho a la
autodeterminación que forjó la política de México hacia
Cuba. Por ello, el régimen priísta y sus aparatos de
propaganda lo consideraban un comunista que contradecía
al anticomunismo oficial dictado desde Washington.
Lázaro Cárdenas, entrelazado siempre al debate de la
izquierda socialista y democrática, ha sido aporte, debate y
reflexión. El legado está íntimamente ligado a 1988 con el
rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas que estableció la
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alianza puntual con la izquierda atrapada entonces por el
gradualismo, el divisionismo, el gremialismo y en la
marginalidad electoral. El valor político del legado se hace
presente en 1988 y se convierte con Cuauhtémoc Cárdenas
en un programa nacional frente al proyecto neoliberal
priísta. Es un programa unitario de los revolucionarios.
El programa y el compromiso con la legalidad como
principio ético hicieron de la revolución democrática un
proyecto de unidad con raíces históricas desde el
cardenismo hasta las expresiones sociales, políticas e
ideológicas de las izquierdas, que se sumaron con su
prestigio desde los movimientos sociales, 1968, las
guerrillas y la lucha por reformas y democracia.
La vitalidad y vigencia del cardenismo está más
presente hoy que nunca, pues cruza varias generaciones de
revolucionarios y demócratas; es afluente del pensamiento
ideológico y político para entender la evolución del México
contemporáneo y es un referente para reunificar al país con
base en principios nacionales, culturales, progresistas y
como ideología al servicio de las mayorías del país.
La construcción del PRD fue una alianza de muchas
tendencias de izquierda con el cardenismo. La ruptura de
Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI fue un acto generoso
hacia el país, pues convirtió el legado en acción política y
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creó las condiciones para avanzar, sabiendo que sin
memoria ni raíces no hay cambios.
Ése fue, hace 40 años, el legado del general
Lázaro Cárdenas, que hoy sigue vigente.
