miércoles, 25 de enero de 2012

VERACRUZ: REALIDADES POLÍTICAS

REALIDADES POLÍTICAS
A los políticos les hace falta escuchar crudas realidades que solo ellos ignoran y en cambio, para el ciudadano, son Vox pópuli y cotidiana.
En el discurso, muchas veces ha sido reconocida la arraigada pluralidad política, socio- económica y etnocultural que caracteriza a los veracruzanos pero casi nunca ha sido admitida como uno de los retos mayores del ejercicio del poder.
¿Cómo gobernar para esa diversidad con equidad, transparencia, eficiencia y demás atributos de gobierno que vienen en el PVD, y a la vez, resistir las presiones que, desde dentro y fuera del poder, se proponen partidizar las decisiones institucionales ya que los intereses políticos, en lugar de sumarse al proyecto de estado, inician la lucha sucesoria desde el primer día de cada nueva administración? (es un ciclo lamentablemente recurrente en nuestra cultura política).
Es bueno que los mexicanos votemos el próximo 1° de Julio, aunque a decir verdad, esto solo lo haga la mitad del padrón electoral. No obstante, para protegernos del desencanto y la frustración, es conveniente no alborotarnos tanto sobre lo que esto significa ya que el relevo de gobernantes, ni es garantía de buen gobierno, ni mucho menos de mejora inmediata en las condiciones de vida de los mexicanos. Solo representa que, en unos hay desinterés y, en otros, voluntad para renovar representantes en forma pacífica y por la vía electoral y esperanza de un mejor mañana.
Es falso que dicha jornada signifique algo más que eso. La esperanza de algunos solo está cifrada en la credibilidad de los “qué”, mas no de los "como” pues estos brillan por su ausencia en todas las ofertas. Al respecto, Luis F. Aguilar nos ilustra en su reciente artículo publicado por Reforma:
“Si la democracia va a ser proceso de gobierno y no solo proceso electoral, debe dejar de ser gobiernista y nada más que gobiernista. Ha de crear asociaciones, consorcios, partenariados, redes de cooperación con las empresas privadas y las organizaciones sociales, incorporar sus muchas capacidades, con frecuencia subutilizadas o bloqueadas. El resultado será la expansión de los alcances de la sociedad. La mediocridad económica es consecuencia del gobiernismo (no de la estatalidad). No importa si gana electoralmente el PRI, el PAN, el PRD, con o sin aliados, pues ningún triunfador es suficiente para definir y realizar las preferencias sociales por sí solo, para gobernar. Lo importante es que el elegido sea capaz de gobernar y no podrá hacerlo más que en modo asociado y cooperativo”
Desde hace algunos años, organismos internacionales como la ONU, promueven el “empoderamiento” del ciudadano y de sus organizaciones en las políticas públicas precisamente porque han estado desempoderados de las mismas, resultado de una democracia cada vez menos representativa.
En estas condiciones, el ciudadano sabe que no decide absolutamente nada respecto a las políticas públicas como tampoco en la selección de los candidatos a los cargos de representación. No deciden ¡¡ ni las bases de los partidos ¡!!! Menos la ciudadanía sin partido, que es la mayoría de los mexicanos.
Todos los partidos políticos pasan ahora por una etapa de aparente fortaleza, debido a que se aproxima el relevo de representantes en el poder. Durante ésta etapa y, hasta semanas después de las elecciones del 1° de Julio, los partidos tratarán de demostrar que son promotores de la democracia cuando en realidad solo son eficaces maquinarias electorales.
Pasadas las elecciones, los partidos se desinflan y entran en prolongado receso o inactividad hasta que se aproxime el siguiente proceso electoral.
A través de diversas leyes y reformas, en la última década el Congreso de la Unión, ha tratado de “ciudadanizar” instituciones y, aunque con relativo éxito en ciertos casos, nunca se ha llevado ese espíritu reformador hasta sus últimas consecuencias, pues hacerlo podría significar el suicido de la misma clase política que hasta ahora detenta el poder y control de las instituciones del Estado Mexicano.
Algunos gobiernos como el de Veracruz, han integrado al ciudadano en el centro de atención de las políticas públicas; hace falta precisar… como beneficiarios de las mismas, más que como sujetos partícipes en su formulación, ejecución y evaluación. También cabe destacar que en la reforma integral a la Constitución del Estado de Veracruz de 2002, por primera vez en la historia se contemplan las figuras de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum.
Pero volvemos a lo mismo, en general la ciudadanización de las políticas públicas se queda en etapas primarias. Sin embargo, cuando por circunstancias políticas del gobernante en turno tiene necesidad de legitimar algún programa, de inmediato acude a “decretarla” como si eso fuera suficiente para festinarla como una realidad. Lo cierto es que la participación ciudadana no se decreta, ni se ordena como pensó algún ex gobernador; solo se convoca, promueve, alienta o posibilita creando condiciones para ello.
La participación ciudadana es una función que desempeñan las organizaciones sociales intermedias, las de base y toda la gama de organizaciones de la sociedad civil. No cabría incluir en la misma clasificación la organización social construida desde el poder y para justificar programas institucionales.
Ante el crecimiento de las necesidades sociales y la incapacidad del Estado Mexicano para darles respuesta, cualquiera que sea la política de desarrollo que acuerden las principales fuerzas en el marco de la actual coyuntura, quien gobierne tendrá que incluir en sus estrategias y de una manera destacada, políticas y programas abiertos a las participación ciudadana y comunitaria.
Al respecto Luis F. Aguilar nos dice hoy en Reforma: “Es entonces un buen inicio del año electoral que se haya mirado más allá de las elecciones y se haya aprobado (14 de diciembre 2011) y expedido (16 de enero 2012) la Ley de Asociaciones Público Privadas, que aumenta la potencia del gobierno y la sociedad en muchos asuntos y perfila un nuevo modo de gobernar, más horizontal, relacional, corresponsable, compartido”.
Ante esta oportunidad, considero que el primer reto de la gobernabilidad, está en preservar la autoridad ética y política, la templanza para dialogar con todos los actores sin distingo de partido, ideología o credo religioso y además, promover su participación en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esa autoridad se pierde o no se adquiere cuando se partidiza el poder o se reparte entre camarillas, en lugar de conducirse institucionalmente.
Cuando en los espacios institucionales de diálogo, negociación y concertación se practica la cultura del respeto recíproco y se dispone de servidores con sensibilidad y diversidad de perfiles políticos y profesionales, se escucha a todos, se generan los acuerdos y las políticas públicas apartadas de la partidización, se adecuan a la diversidad ciudadana y de la sociedad civil. Sumando y conjugado recursos e intereses diversos, se multiplica la capacidad de respuesta ante las necesidades de todos y de cada uno.
Que los integrantes de un gabinete pertenezcan al mismo partido del gobernador, no es novedad. En cambio designar a algunos colaboradores apartidistas, eso sí es un hecho extraordinario que nada tiene de casual o fortuito, no al menos cuando hablamos del cargo de Secretario de Gobierno.
Los tiempos han cambiado, y las condiciones en que arribó Javier Duarte – 85 mil 575 votos de diferencia- contra 244 mil entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, al primero lo indujo a procurar el acuerdo y la articulación plural mientras que el segundo se partidizó al extremo. La diferencia la sabemos.
En conclusión, la gobernabilidad excluyente y partidista auto limita su legitimidad política y con ello la capacidad de consenso lo que traduzco ingobernabilidad. En cambio, la incluyente e institucional, está en posibilidades de fortalecerla y hacer de ella un poder o instrumento de movilización de todas las potencialidades de los ciudadanos, organizaciones sociales y de la comunidad integradas a un proyecto de desarrollo de corto, mediano y largo plazo orientado por un Proyecto Nacional que sea capaz de integrar positivamente al Estado Mexicano en el mundo global en que vivimos.



miércoles, 18 de enero de 2012

PARTIDIZAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES DESGOBERNAR





PARTIDIZAR ES DESGOBERNAR:
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Puertas abiertas, trato sin distingo partidista sí, pero de todos los funcionarios, de los que están y de los que llegarán . Para atrás, ni para tomar vuelo es la propuesta de las 20 organizaciones campesinas que integran el Congreso Agrario Permanente, cuyo antecedente es Solidaridad Campesina (SOLCA 1994). El CAP fundado hace 11 años, representa a poco más de 500 mil productores rurales, por tanto, no es membrete como algunos piensan, sino la unidad de autenticas organizaciones vivas y en lucha permanente.
Además, todas ellas están en franca ventaja sobre los transitorios funcionarios del sector agropecuario, ya que están cada vez mejor preparadas, tanto para la gestión y promoción de proyectos, como para participar en la evaluación y adecuación de las políticas públicas para el campo, en materia de suelo y vivienda, salud, educación; prácticamente su experiencia como gestores, comprende todas las áreas de la administración. En lo político se consideran aliadas del gobierno de Javier Duarte más no incondicionales, ni sometidas o dispuestas a aceptar toda clase de decisiones de los funcionarios federales o estatales.
La fortaleza que registra el CAP en esta nueva etapa de su existencia, es resultado de preservar la unidad en la diversidad y, gracias a los años de lucha durante los cuales han logrado acumular una gran experiencia organizativa, técnica, jurídica y política. En los actuales dirigentes del CAP – muchos de ellos son de segunda generación que conjuga liderazgo y perfil profesional - hay memoria de lo que han sido los vaivenes de la política agropecuaria, las reglas de operación de los programas del sector y sobre todo, conocen los intrincados y manipulables caminos de la “tramitología” porque los han recorrido y padecido.
Tienen conciencia que el campo y los verdaderos productores no han sido los beneficiarios de muchos de los programas gubernamentales, como se puso de manifiesto en el Acuerdo Nacional para el Campo suscrito en tiempos del Ex Presidente Vicente Fox. Por lo mismo, lo más probable es el CAP pronto le solicite al gobernador Javier Duarte una profunda reestructuración de las dependencias del sector, a fin de que se simplifiquen engorrosos trámites, descentralicen operaciones, transparenten decisiones y se cumpla realmente con el objetivo de servirle con eficacia y eficiencia al campo y a su población. Esto fue lo que expresó el Ing. Ernesto Medel Vara, Coordinador de dicha organización en las prolongadas y difíciles negociaciones durante la revisión del estado que guardan proyectos y recursos autorizados o por autorizar para 2012.
Anteponiendo los intereses campesinos y el ciclo de actividades productivas a la fiebre electoral, actualmente dirigentes y asesores técnicos de las organizaciones del CAP, participan en las mesas de diálogo organizadas por al Secretaria de Gobierno y la SEDARPA.
Se analiza proyecto por proyecto y se pasa revista del estado que guardan, las causas por la que algunos de estos proyectos no son aprobados, la razón o sin razón por la que en ocasiones se altera la priorización de proyectos formulada por las propias organizaciones o bien, se requiere el cumplimiento de nuevos requisitos exigidos por el gobierno federal.
En total, en esta etapa el monto de los recursos en revisión se estima en 91 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2011, que fue lo que se logró después de agotadoras negociaciones con SEDARPA; una negociación que aún no termina. Se trata de jornadas nada tranquilas ya que cada organización cuenta con expertos de toda clase que argumentan y a veces colocan en predicamento a los funcionarios de gobierno del estado. “Somos sus aliados no sus empleados, nuestra paciencia tiene límites, lo mismo el respeto a compromisos contraídos previamente”, dijo un Luis Gómez Gary dirigente de la UGOCEM.
No obstante, sus diferencias en circunstancias como las actuales, se mantienen unidos y dispuestos a actuar en una sola dirección pues saben que los recursos que el gobierno del estado y la federación destina al campo veracruzano, son insuficientes y están expuestos a recortes, desvíos y “cobros” por la plaga de coyotes e intermediarios gestores que se dan en todos los niveles y en la multitud de programas sujetos a normas muy distintas.
Destacando la pluralidad como una característica del CAP, sus dirigentes ven con beneplácito el carácter plural de la gobernabilidad de Javier Duarte; apoyan la apertura de puertas abiertas y de trato igual sin distingos partidistas. Los recursos para el campo además de incrementarse, procurar en todo momento, acercar las decisiones a cada una de las regiones pues gastan mucho tiempo y recursos al tener que acudir a la capital para sus gestiones y sobre todo deben distribuirse sin preferencias partidistas.
Llama la atención la presencia y programa de trabajo del CAP porque independientemente del partido que triunfe en las próximas elecciones, el nuevo gobierno inevitablemente chocará de manera frontal con el tradicional ejercicio partidista del poder, una práctica que se creía había quedado en el pasado de los gobiernos priistas, y que no solo es contraria a la institucionalidad a la que la ley obliga a los gobernantes, sino también expresa incapacidad para promover procesos alternativos de desarrollo desde la perspectiva ciudadana, comunitaria y de sociedad plural que somos. Cuando se partidiza un gobierno se debilitan las instituciones del estado, se pierde capacidad de diálogo y acuerdo y, en realidad, se desgobierna la sociedad.
Tomando en cuenta el pronóstico que le aguarda a la economía mexicana a partir del Informe y Perspectiva de la Encomia Mundial dado a conocer esta semana por la ONU, lo más probable es que en 2012 se anuncien nuevas reducciones al gasto social y de fomento productivo. En este sentido las organizaciones del CAP como gran parte de las ciudadanas y las no gubernamentales, pasará a ocupar un lugar destacado en la política de desarrollo: a) por su función mediadora y de contribución a la estabilidad social y política del campo ( ¿cómo se valora esto?)y b) Por ser imprescindibles para hacer más con los recursos disponibles. Solo que esta vez, los aparatos del Estado estarán frente a una nueva realidad socio política en el campo: productores y organizaciones ya no aceptarán ser objeto de moldeo y serán las instituciones del estado las obligadas a adaptarse al campo, sus organizaciones y modos de ser. El paternalismo en materia de organización, además de costoso, ha resultado contraproducente.
El modelo de control político de los campesinos y el esquema con el que los aparatos del estado promovieron, crearon y manipularon electoralmente las necesidades sociales y productivas del mundo rural en las últimas décadas, está agotado. El manipulado ha cobrado conciencia y comienza a desempeñar el papel de manipulador; recibe la dádiva y pero vota por quien quiere y conserva y ejerce su capacidad de presión sobre los responsables de la ejecución de las políticas públicas.
Es cierto que ahora los partidos políticos están de fiesta. No obstante, una vez que pase este momento entrarán en clásico receso, ya que solo son máquinas electorales, no instrumentos de la participación ciudadana ni siquiera de la gestión social.
¿Qué le espera a los productores veracruzanos después de las elecciones de julio de este 2012?
Después de la jornada de julio, el CAP y sus organizaciones, todas se quedaran con la cruda de haber sido una vez más utilizadas por algún partido o candidato. Afortunadamente en muchos casos, a pesar de saberse usadas como objetos, hay conciencia de sí mismas, hay dignidad y capacidad, saben que deben conservar identidad, organización, capacidad de movilización, de presión, porque ello les va la vida.
En Veracruz por ejemplo el año pasado se presentaron 2,223 manifestaciones, de las cuales afortunadamente el 99% fueron pacíficas. La gran mayoría de estas manifestaciones guardan relación con requerimientos dirigidos a gobiernos municipales, asuntos de comunicaciones, agrarios, temas relacionados con la educación, y también con el gobierno federal, entre otros. Demandas que corresponden a necesidades sociales y de prestación de servicios o bien al justo reclamo de la población afectada por contingencias ambientales que ha estado en espera de recursos federales.
Por su parte, Gerardo Buganza responsable de la política interna del Estado, en varias ocasiones ha expresado y reiterado que en esa dependencia hay “políticas de puertas abiertas” y que se atiende a “todos por igual, sin distingos de partido”. Habrá que asegurase que esta postura de atención diligente y diálogo respetuoso, sin discriminaciones hacia todas las organizaciones sociales incluido el CAP, es la misma que aplican todos los colaboradores del Ing. Buganza y todos los funcionarios del gobierno del estado. Según lo declarado por sus dirigentes, el CAP está dispuesto a colaborar con Javier Duarte para asegurar que esa misma política la aplican todos sus colaboradores por igual. Veremos. DESPERTAR A TIEMPO SE PUBLICA EN CRONICA DEL PODER, RADIO VER, GOBERNANTES, EL METROPOLITANO, EL GOLFO INFO Y 35 AGENCIAS MAS.



viernes, 13 de enero de 2012

INEFICACIA E INMORALIDAD ELECTORAL




INEFICACIA E INMORALIDAD
ELECTORAL

Tiene razón el maestro José Woldenberg al calificar de perverso el nuevo modelo de comunicación electoral. “Al fragmentar los tiempos oficiales en espacios de 30 segundos, difícilmente los mensajes de los partidos pueden trascender el formato de un comunicado publicitario. En esos formatos no cabe ningún planteamiento medianamente sofisticado, ninguna propuesta que requiera argumentación. Con ello, buena parte de la deliberación publica se adelgaza” (Reforma, Enfoque: 13/I/12)
¿Cuánto le cuesta al contribuyente la publicidad electoral?, ¿Para qué queremos los mexicanos un modelo de comunicación que no difiere en nada de la publicidad comercial?. Ofensiva e inmoral es la impresión que en no pocos ciudadanos deja el derroche de recursos públicos que representa el sistema electoral que tenemos los mexicanos; una impresión que se acrecenta en tiempos de campaña. Partidos políticos y autoridades electorales por igual, entran en el juicio ciudadano y, de manera singular, al convertirlo en víctima del bombardeo por la difusión masiva de spots en la televisión. De Enero a Julio percibiremos el hartazgo y el explicable rechazo ciudadano.
Abundantes y ampliamente documentados en cifras procedentes de fuentes oficiales, son los análisis que demuestran que México tiene una de las “democracias” más caras del mundo. Por ejemplo en 2009 el gasto electoral fue de 20 mil 887 millones de pesos y mientras el costo promedio por elector en América Latina fue de 0.95 dólares, a los mexicanos nos costó 17.24 dólares, lo que significó un costo de 268 pesos por ciudadano inscrito en el Padrón Electoral del IFE.
De acuerdo a un informe de la Auditoria Superior de la Federación resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, entre el año 2000 y 2008 han existido 16 partidos políticos nacionales que han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos. Por eso, al hacerse público los nexos familiares y de grupos de interés existentes. En algunos partidos, no falta quien se refiera a la formación de asociaciones políticas y partidos como un jugoso y seguro negocio.
En el mismo sentido abunda en evidencias otro estudio realizado por el investigador del CIDE Marco A. Mena Rodríguez: “Durante las pasadas elecciones de 2009 el gasto electoral fue de 20 mil 887 millones de pesos, lo que equivale al 10 por ciento del gasto en educación pública1 o al 85 por ciento del gasto en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de ese año”.

Lo anterior, representó un gasto promedio por elector de 268 pesos por ciudadano inscrito en el Padrón
Electoral del IFE. Para 2011, el IFE ha solicitado ya 10 mil 499 millones, de los cuales 7 mil 163
Millones corresponden al gasto de operación del Instituto y 3 mil 335 millones a prerrogativas para
partidos políticos” Para 2012, el Consejo General del IFE aprobó un presupuesto de casi 16,000 millones de pesos de los cuales 5,292 están destinados al financiamiento público de los partidos políticos.
¿Hay alguien que pueda demostrar que esta forma de financiamiento de sistema político y sobre todo de la difusión de material promocional por televisión ha servido para desarrollar la conciencia cívica en los mexicanos? ¿Hay algún partido político o algún legislador que pueda demostrar que mediante esa forma de “comunicación” se la logrado mejorar el ejercicio del voto, abatir sustancialmente el abstencionismo, revitalizar la democracia representativa o fortalecer la legitimidad política del gobernante en turno? ¿Acaso los resultados de las últimas elecciones no demuestran todo lo contrario?
La clase política dirigente de México y, en especial, entre muchos de nuestros legisladores, se sigue pensado que el pueblo es estúpido y retrasado mental y que necesita ser bombardeado por los medios de comunicación para participar y ejercer su voto. ¿Quién dice que esas formas de “comunicación” entre candidatos y electores son las más adecuadas para que los ciudadanos razonen su voto antes de ejercerlo? ¿O es que a ninguno de los partidos y candidatos conviene el voto razonado?
El concepto mercadológico de la actividad político electoral, coloca la “oferta” partidista en el mismo lugar en que las grandes corporaciones empresariales colocan un jabón, un refresco o un cosmético para dama o peor que eso ya que mientras los spots comerciales destacan cualidades e inventan testimonios o demostraciones”, la promoción de candidatos se limita a destacar caritas sonrientes o seductoras, frases de buenos deseos, juicios descalificadores, virtudes familiares, baños de pueblo, baños de pureza, talento para gobernar no demostrado, etc. de todo y, pocas o ninguna prueba de hechos consumados que demuestren capacidad de gobernar, convicciones ideológicas o de vocación de servicio a la sociedad.
Si se trata de propuestas, escuchamos puros “qués”, ya que nadie se interesa en abordar el “cómo” que es el terreno de la aplicación de las políticas públicas y en donde se tuercen todas las plataformas y planes de desarrollo. A los candidatos les importa y ocupa solo ganar el consenso para acceder al poder, ejercerlo será “harina de otro costal”. Por eso se prefiere manipular percepción que convencer con razones y propuestas específicas. En estas condiciones nada tiene de extraño la oferta populista o la omisión de definiciones, total de lo que se trata es de quedar bien con dios y con el diablo.
No cuentes el dinero delante de los pobres porque te puede salir muy caro dice un dicho popular muy sabio pero eso le importa un comino a los consejeros del IFE y a los legisladores que aprobaron la legislación electoral que rige el modelo de comunicación actual.
Lo cierto es que el costo de este proceso electoral de 2012 será el más alto en toda la historia no solo por los miles de millones de pesos que costará, sino también porque es previsible un triunfo con precaria legitimidad política debido al rechazo o la indiferencia de la mayoría de los electores que todos los días ven cómo se gastan millones de pesos del contribuyente mientras el pueblo resiente la pérdida del poder adquisitivo del salario.
¿De qué se trata?. Si el IFE quiere que se le crean sus spots de promoción del derecho a votar y del resguardo de los procesos a cargo de esa institución, lo primero que debería de revisarse es el modelo de comunicación que con todo y las recientes reformas, no sale de lo mismo de siempre.
Los electores no estamos ansiosos a la espera de otra oferta de temporada sino del ejercicio pleno de un derecho constitucional en la elección más difícil y decisiva de la historia contemporánea de México y eso sólo es posible con el voto razonado de todos los mexicanos.