REALIDADES POLÍTICAS
A los políticos les hace falta escuchar crudas realidades que solo ellos ignoran y en cambio, para el ciudadano, son Vox pópuli y cotidiana.
En el discurso, muchas veces ha sido reconocida la arraigada pluralidad política, socio- económica y etnocultural que caracteriza a los veracruzanos pero casi nunca ha sido admitida como uno de los retos mayores del ejercicio del poder.
¿Cómo gobernar para esa diversidad con equidad, transparencia, eficiencia y demás atributos de gobierno que vienen en el PVD, y a la vez, resistir las presiones que, desde dentro y fuera del poder, se proponen partidizar las decisiones institucionales ya que los intereses políticos, en lugar de sumarse al proyecto de estado, inician la lucha sucesoria desde el primer día de cada nueva administración? (es un ciclo lamentablemente recurrente en nuestra cultura política).
Es bueno que los mexicanos votemos el próximo 1° de Julio, aunque a decir verdad, esto solo lo haga la mitad del padrón electoral. No obstante, para protegernos del desencanto y la frustración, es conveniente no alborotarnos tanto sobre lo que esto significa ya que el relevo de gobernantes, ni es garantía de buen gobierno, ni mucho menos de mejora inmediata en las condiciones de vida de los mexicanos. Solo representa que, en unos hay desinterés y, en otros, voluntad para renovar representantes en forma pacífica y por la vía electoral y esperanza de un mejor mañana.
Es falso que dicha jornada signifique algo más que eso. La esperanza de algunos solo está cifrada en la credibilidad de los “qué”, mas no de los "como” pues estos brillan por su ausencia en todas las ofertas. Al respecto, Luis F. Aguilar nos ilustra en su reciente artículo publicado por Reforma:
“Si la democracia va a ser proceso de gobierno y no solo proceso electoral, debe dejar de ser gobiernista y nada más que gobiernista. Ha de crear asociaciones, consorcios, partenariados, redes de cooperación con las empresas privadas y las organizaciones sociales, incorporar sus muchas capacidades, con frecuencia subutilizadas o bloqueadas. El resultado será la expansión de los alcances de la sociedad. La mediocridad económica es consecuencia del gobiernismo (no de la estatalidad). No importa si gana electoralmente el PRI, el PAN, el PRD, con o sin aliados, pues ningún triunfador es suficiente para definir y realizar las preferencias sociales por sí solo, para gobernar. Lo importante es que el elegido sea capaz de gobernar y no podrá hacerlo más que en modo asociado y cooperativo”
Desde hace algunos años, organismos internacionales como la ONU, promueven el “empoderamiento” del ciudadano y de sus organizaciones en las políticas públicas precisamente porque han estado desempoderados de las mismas, resultado de una democracia cada vez menos representativa.
En estas condiciones, el ciudadano sabe que no decide absolutamente nada respecto a las políticas públicas como tampoco en la selección de los candidatos a los cargos de representación. No deciden ¡¡ ni las bases de los partidos ¡!!! Menos la ciudadanía sin partido, que es la mayoría de los mexicanos.
Todos los partidos políticos pasan ahora por una etapa de aparente fortaleza, debido a que se aproxima el relevo de representantes en el poder. Durante ésta etapa y, hasta semanas después de las elecciones del 1° de Julio, los partidos tratarán de demostrar que son promotores de la democracia cuando en realidad solo son eficaces maquinarias electorales.
Pasadas las elecciones, los partidos se desinflan y entran en prolongado receso o inactividad hasta que se aproxime el siguiente proceso electoral.
A través de diversas leyes y reformas, en la última década el Congreso de la Unión, ha tratado de “ciudadanizar” instituciones y, aunque con relativo éxito en ciertos casos, nunca se ha llevado ese espíritu reformador hasta sus últimas consecuencias, pues hacerlo podría significar el suicido de la misma clase política que hasta ahora detenta el poder y control de las instituciones del Estado Mexicano.
Algunos gobiernos como el de Veracruz, han integrado al ciudadano en el centro de atención de las políticas públicas; hace falta precisar… como beneficiarios de las mismas, más que como sujetos partícipes en su formulación, ejecución y evaluación. También cabe destacar que en la reforma integral a la Constitución del Estado de Veracruz de 2002, por primera vez en la historia se contemplan las figuras de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum.
Pero volvemos a lo mismo, en general la ciudadanización de las políticas públicas se queda en etapas primarias. Sin embargo, cuando por circunstancias políticas del gobernante en turno tiene necesidad de legitimar algún programa, de inmediato acude a “decretarla” como si eso fuera suficiente para festinarla como una realidad. Lo cierto es que la participación ciudadana no se decreta, ni se ordena como pensó algún ex gobernador; solo se convoca, promueve, alienta o posibilita creando condiciones para ello.
La participación ciudadana es una función que desempeñan las organizaciones sociales intermedias, las de base y toda la gama de organizaciones de la sociedad civil. No cabría incluir en la misma clasificación la organización social construida desde el poder y para justificar programas institucionales.
Ante el crecimiento de las necesidades sociales y la incapacidad del Estado Mexicano para darles respuesta, cualquiera que sea la política de desarrollo que acuerden las principales fuerzas en el marco de la actual coyuntura, quien gobierne tendrá que incluir en sus estrategias y de una manera destacada, políticas y programas abiertos a las participación ciudadana y comunitaria.
Al respecto Luis F. Aguilar nos dice hoy en Reforma: “Es entonces un buen inicio del año electoral que se haya mirado más allá de las elecciones y se haya aprobado (14 de diciembre 2011) y expedido (16 de enero 2012) la Ley de Asociaciones Público Privadas, que aumenta la potencia del gobierno y la sociedad en muchos asuntos y perfila un nuevo modo de gobernar, más horizontal, relacional, corresponsable, compartido”.
Ante esta oportunidad, considero que el primer reto de la gobernabilidad, está en preservar la autoridad ética y política, la templanza para dialogar con todos los actores sin distingo de partido, ideología o credo religioso y además, promover su participación en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esa autoridad se pierde o no se adquiere cuando se partidiza el poder o se reparte entre camarillas, en lugar de conducirse institucionalmente.
Cuando en los espacios institucionales de diálogo, negociación y concertación se practica la cultura del respeto recíproco y se dispone de servidores con sensibilidad y diversidad de perfiles políticos y profesionales, se escucha a todos, se generan los acuerdos y las políticas públicas apartadas de la partidización, se adecuan a la diversidad ciudadana y de la sociedad civil. Sumando y conjugado recursos e intereses diversos, se multiplica la capacidad de respuesta ante las necesidades de todos y de cada uno.
Que los integrantes de un gabinete pertenezcan al mismo partido del gobernador, no es novedad. En cambio designar a algunos colaboradores apartidistas, eso sí es un hecho extraordinario que nada tiene de casual o fortuito, no al menos cuando hablamos del cargo de Secretario de Gobierno.
Los tiempos han cambiado, y las condiciones en que arribó Javier Duarte – 85 mil 575 votos de diferencia- contra 244 mil entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, al primero lo indujo a procurar el acuerdo y la articulación plural mientras que el segundo se partidizó al extremo. La diferencia la sabemos.
En conclusión, la gobernabilidad excluyente y partidista auto limita su legitimidad política y con ello la capacidad de consenso lo que traduzco ingobernabilidad. En cambio, la incluyente e institucional, está en posibilidades de fortalecerla y hacer de ella un poder o instrumento de movilización de todas las potencialidades de los ciudadanos, organizaciones sociales y de la comunidad integradas a un proyecto de desarrollo de corto, mediano y largo plazo orientado por un Proyecto Nacional que sea capaz de integrar positivamente al Estado Mexicano en el mundo global en que vivimos.
A los políticos les hace falta escuchar crudas realidades que solo ellos ignoran y en cambio, para el ciudadano, son Vox pópuli y cotidiana.
En el discurso, muchas veces ha sido reconocida la arraigada pluralidad política, socio- económica y etnocultural que caracteriza a los veracruzanos pero casi nunca ha sido admitida como uno de los retos mayores del ejercicio del poder.
¿Cómo gobernar para esa diversidad con equidad, transparencia, eficiencia y demás atributos de gobierno que vienen en el PVD, y a la vez, resistir las presiones que, desde dentro y fuera del poder, se proponen partidizar las decisiones institucionales ya que los intereses políticos, en lugar de sumarse al proyecto de estado, inician la lucha sucesoria desde el primer día de cada nueva administración? (es un ciclo lamentablemente recurrente en nuestra cultura política).
Es bueno que los mexicanos votemos el próximo 1° de Julio, aunque a decir verdad, esto solo lo haga la mitad del padrón electoral. No obstante, para protegernos del desencanto y la frustración, es conveniente no alborotarnos tanto sobre lo que esto significa ya que el relevo de gobernantes, ni es garantía de buen gobierno, ni mucho menos de mejora inmediata en las condiciones de vida de los mexicanos. Solo representa que, en unos hay desinterés y, en otros, voluntad para renovar representantes en forma pacífica y por la vía electoral y esperanza de un mejor mañana.
Es falso que dicha jornada signifique algo más que eso. La esperanza de algunos solo está cifrada en la credibilidad de los “qué”, mas no de los "como” pues estos brillan por su ausencia en todas las ofertas. Al respecto, Luis F. Aguilar nos ilustra en su reciente artículo publicado por Reforma:
“Si la democracia va a ser proceso de gobierno y no solo proceso electoral, debe dejar de ser gobiernista y nada más que gobiernista. Ha de crear asociaciones, consorcios, partenariados, redes de cooperación con las empresas privadas y las organizaciones sociales, incorporar sus muchas capacidades, con frecuencia subutilizadas o bloqueadas. El resultado será la expansión de los alcances de la sociedad. La mediocridad económica es consecuencia del gobiernismo (no de la estatalidad). No importa si gana electoralmente el PRI, el PAN, el PRD, con o sin aliados, pues ningún triunfador es suficiente para definir y realizar las preferencias sociales por sí solo, para gobernar. Lo importante es que el elegido sea capaz de gobernar y no podrá hacerlo más que en modo asociado y cooperativo”
Desde hace algunos años, organismos internacionales como la ONU, promueven el “empoderamiento” del ciudadano y de sus organizaciones en las políticas públicas precisamente porque han estado desempoderados de las mismas, resultado de una democracia cada vez menos representativa.
En estas condiciones, el ciudadano sabe que no decide absolutamente nada respecto a las políticas públicas como tampoco en la selección de los candidatos a los cargos de representación. No deciden ¡¡ ni las bases de los partidos ¡!!! Menos la ciudadanía sin partido, que es la mayoría de los mexicanos.
Todos los partidos políticos pasan ahora por una etapa de aparente fortaleza, debido a que se aproxima el relevo de representantes en el poder. Durante ésta etapa y, hasta semanas después de las elecciones del 1° de Julio, los partidos tratarán de demostrar que son promotores de la democracia cuando en realidad solo son eficaces maquinarias electorales.
Pasadas las elecciones, los partidos se desinflan y entran en prolongado receso o inactividad hasta que se aproxime el siguiente proceso electoral.
A través de diversas leyes y reformas, en la última década el Congreso de la Unión, ha tratado de “ciudadanizar” instituciones y, aunque con relativo éxito en ciertos casos, nunca se ha llevado ese espíritu reformador hasta sus últimas consecuencias, pues hacerlo podría significar el suicido de la misma clase política que hasta ahora detenta el poder y control de las instituciones del Estado Mexicano.
Algunos gobiernos como el de Veracruz, han integrado al ciudadano en el centro de atención de las políticas públicas; hace falta precisar… como beneficiarios de las mismas, más que como sujetos partícipes en su formulación, ejecución y evaluación. También cabe destacar que en la reforma integral a la Constitución del Estado de Veracruz de 2002, por primera vez en la historia se contemplan las figuras de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum.
Pero volvemos a lo mismo, en general la ciudadanización de las políticas públicas se queda en etapas primarias. Sin embargo, cuando por circunstancias políticas del gobernante en turno tiene necesidad de legitimar algún programa, de inmediato acude a “decretarla” como si eso fuera suficiente para festinarla como una realidad. Lo cierto es que la participación ciudadana no se decreta, ni se ordena como pensó algún ex gobernador; solo se convoca, promueve, alienta o posibilita creando condiciones para ello.
La participación ciudadana es una función que desempeñan las organizaciones sociales intermedias, las de base y toda la gama de organizaciones de la sociedad civil. No cabría incluir en la misma clasificación la organización social construida desde el poder y para justificar programas institucionales.
Ante el crecimiento de las necesidades sociales y la incapacidad del Estado Mexicano para darles respuesta, cualquiera que sea la política de desarrollo que acuerden las principales fuerzas en el marco de la actual coyuntura, quien gobierne tendrá que incluir en sus estrategias y de una manera destacada, políticas y programas abiertos a las participación ciudadana y comunitaria.
Al respecto Luis F. Aguilar nos dice hoy en Reforma: “Es entonces un buen inicio del año electoral que se haya mirado más allá de las elecciones y se haya aprobado (14 de diciembre 2011) y expedido (16 de enero 2012) la Ley de Asociaciones Público Privadas, que aumenta la potencia del gobierno y la sociedad en muchos asuntos y perfila un nuevo modo de gobernar, más horizontal, relacional, corresponsable, compartido”.
Ante esta oportunidad, considero que el primer reto de la gobernabilidad, está en preservar la autoridad ética y política, la templanza para dialogar con todos los actores sin distingo de partido, ideología o credo religioso y además, promover su participación en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esa autoridad se pierde o no se adquiere cuando se partidiza el poder o se reparte entre camarillas, en lugar de conducirse institucionalmente.
Cuando en los espacios institucionales de diálogo, negociación y concertación se practica la cultura del respeto recíproco y se dispone de servidores con sensibilidad y diversidad de perfiles políticos y profesionales, se escucha a todos, se generan los acuerdos y las políticas públicas apartadas de la partidización, se adecuan a la diversidad ciudadana y de la sociedad civil. Sumando y conjugado recursos e intereses diversos, se multiplica la capacidad de respuesta ante las necesidades de todos y de cada uno.
Que los integrantes de un gabinete pertenezcan al mismo partido del gobernador, no es novedad. En cambio designar a algunos colaboradores apartidistas, eso sí es un hecho extraordinario que nada tiene de casual o fortuito, no al menos cuando hablamos del cargo de Secretario de Gobierno.
Los tiempos han cambiado, y las condiciones en que arribó Javier Duarte – 85 mil 575 votos de diferencia- contra 244 mil entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, al primero lo indujo a procurar el acuerdo y la articulación plural mientras que el segundo se partidizó al extremo. La diferencia la sabemos.
En conclusión, la gobernabilidad excluyente y partidista auto limita su legitimidad política y con ello la capacidad de consenso lo que traduzco ingobernabilidad. En cambio, la incluyente e institucional, está en posibilidades de fortalecerla y hacer de ella un poder o instrumento de movilización de todas las potencialidades de los ciudadanos, organizaciones sociales y de la comunidad integradas a un proyecto de desarrollo de corto, mediano y largo plazo orientado por un Proyecto Nacional que sea capaz de integrar positivamente al Estado Mexicano en el mundo global en que vivimos.