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¿DERECHOS SOCIALES
O DÁDIVAS?
El Gobierno de Felipe Calderón es el primero en incurrir en actos de incongruencia y al margen de la ley, al publicitar programas sociales mediante las cuales se da cumplimiento a Derechos Constitucionales. Por tanto no debieran ser objeto de reconocimiento ni de mérito alguno ya que simplemente significa cumplir con una obligación.
Pero…. ¿Que hace cada actor institucional en esta materia? Veamos: año con año el Titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos que se supone recoge las necesidades del país; esta, la Cámara analiza y en su caso aprueba o modifica la propuesta; los recursos autorizados, vía la administración federal se canalizan a los gobiernos estatales y estos se encargan de ejecutar los programas respectivos.
Por tanto, los tres niveles de gobierno simplemente son los instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo el proceso que tiene como fin hacer efectivo a los ciudadanos sus derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aún más, el gobierno de Calderón no debiera atribuirse estas acciones como viene haciéndolo con el Seguro Popular y otros programas del sector salud, pues los verdaderos ejecutores de estos Programas son los gobiernos de las 32 entidades federativas y en el caso de Veracruz, desde 1997 los servicios de salud fueron descentralizados a través de SESVER, donde un total de 21,350 servidores públicos representan los verdaderos ejecutores de los programas.
¿Quién es entonces el sujeto que otorga a cada mexicano sus derechos sociales y entre estos el de la salud? No hace falta ser erudito en derecho constitucional para darse cuenta que es el Estado Mexicano (concepto que encierra a un conjunto de instituciones).
El gobierno federal no otorga esos programas, sólo cumple con su deber, de lo contrario los ciudadanos tendrían todo el derecho de demandarlo por incumplimiento de la ley fundamental que en su Articulo 4° establece…” Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”
En resumen, la Constitución otorga el derecho, el ejecutivo Federal cuantifica necesidades, programa acciones y formula presupuestos, la Cámara analiza, autoriza y fiscaliza los recursos autorizados, los gobiernos estatales y en algunos casos los municipales, ejecutan las obras y acciones correspondientes.
En este contexto, los programas sociales al no ser obra de una sola instancia y sobre todo al pertenecer al ámbito de los derechos sociales que la Constitución establece como obligatorios para el Estado ante la sociedad, no debieran publicitarse como lo viene haciendo el Gobierno Federal. Por su parte cada beneficiario, en cultivo de su formación ciudadana debiera identificarles como creación del Estado Mexicano del que formamos parte todos.
A pesar de estos argumentos y todos los que se aporten el gobierno de FC seguirá predicando una cosa y haciendo todo lo contrario porque al no haber progreso real de la economía, al haber perdido su empleo mas de 750 000 mexicanos y al agudizarse el costo social de la crisis, la legitimidad política del gobernante y la permanencia en el poder dependen en forma creciente de la política social.
De una política social de orientación asistencialista; que opera desarticulada entre si y de la política económica lo que lejos de abatir la pobreza la agudizan, fomenta el clientelismo e impide el desarrollo de una cultura ciudadana capaz de ejercer con dignidad sus derechos constitucionales.
Por si fueran pocas estas incongruencias del Ejecutivo Federal, el Consejo General del Instituto Federal Electoral esta semana tomó el acuerdo CG40/2009 que amplía la excepción señalada por el Articulo 41 Constitucional en materia de propaganda. Este acuerdo concibe como publicidad vinculada a la salud la que realiza la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública.
Por alguna razón “desconocida” o no manifiesta en los considerandos, los señores consejeros confunden la labor de financiamiento que realizan estas instituciones con “publicidad para la salud” a sabiendas de que ni técnica ni operativamente tiene que ver con la salud.
Luego entonces que nadie se extrañe que sólo 1 de cada 11 mexicanos tenga interés por la política y que una de las instituciones en las que menos confían sean los partidos políticos. (Encuesta Mitovzki)
O DÁDIVAS?
El Gobierno de Felipe Calderón es el primero en incurrir en actos de incongruencia y al margen de la ley, al publicitar programas sociales mediante las cuales se da cumplimiento a Derechos Constitucionales. Por tanto no debieran ser objeto de reconocimiento ni de mérito alguno ya que simplemente significa cumplir con una obligación.
Pero…. ¿Que hace cada actor institucional en esta materia? Veamos: año con año el Titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos que se supone recoge las necesidades del país; esta, la Cámara analiza y en su caso aprueba o modifica la propuesta; los recursos autorizados, vía la administración federal se canalizan a los gobiernos estatales y estos se encargan de ejecutar los programas respectivos.
Por tanto, los tres niveles de gobierno simplemente son los instrumentos a través de los cuales se lleva a cabo el proceso que tiene como fin hacer efectivo a los ciudadanos sus derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aún más, el gobierno de Calderón no debiera atribuirse estas acciones como viene haciéndolo con el Seguro Popular y otros programas del sector salud, pues los verdaderos ejecutores de estos Programas son los gobiernos de las 32 entidades federativas y en el caso de Veracruz, desde 1997 los servicios de salud fueron descentralizados a través de SESVER, donde un total de 21,350 servidores públicos representan los verdaderos ejecutores de los programas.
¿Quién es entonces el sujeto que otorga a cada mexicano sus derechos sociales y entre estos el de la salud? No hace falta ser erudito en derecho constitucional para darse cuenta que es el Estado Mexicano (concepto que encierra a un conjunto de instituciones).
El gobierno federal no otorga esos programas, sólo cumple con su deber, de lo contrario los ciudadanos tendrían todo el derecho de demandarlo por incumplimiento de la ley fundamental que en su Articulo 4° establece…” Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”
En resumen, la Constitución otorga el derecho, el ejecutivo Federal cuantifica necesidades, programa acciones y formula presupuestos, la Cámara analiza, autoriza y fiscaliza los recursos autorizados, los gobiernos estatales y en algunos casos los municipales, ejecutan las obras y acciones correspondientes.
En este contexto, los programas sociales al no ser obra de una sola instancia y sobre todo al pertenecer al ámbito de los derechos sociales que la Constitución establece como obligatorios para el Estado ante la sociedad, no debieran publicitarse como lo viene haciendo el Gobierno Federal. Por su parte cada beneficiario, en cultivo de su formación ciudadana debiera identificarles como creación del Estado Mexicano del que formamos parte todos.
A pesar de estos argumentos y todos los que se aporten el gobierno de FC seguirá predicando una cosa y haciendo todo lo contrario porque al no haber progreso real de la economía, al haber perdido su empleo mas de 750 000 mexicanos y al agudizarse el costo social de la crisis, la legitimidad política del gobernante y la permanencia en el poder dependen en forma creciente de la política social.
De una política social de orientación asistencialista; que opera desarticulada entre si y de la política económica lo que lejos de abatir la pobreza la agudizan, fomenta el clientelismo e impide el desarrollo de una cultura ciudadana capaz de ejercer con dignidad sus derechos constitucionales.
Por si fueran pocas estas incongruencias del Ejecutivo Federal, el Consejo General del Instituto Federal Electoral esta semana tomó el acuerdo CG40/2009 que amplía la excepción señalada por el Articulo 41 Constitucional en materia de propaganda. Este acuerdo concibe como publicidad vinculada a la salud la que realiza la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública.
Por alguna razón “desconocida” o no manifiesta en los considerandos, los señores consejeros confunden la labor de financiamiento que realizan estas instituciones con “publicidad para la salud” a sabiendas de que ni técnica ni operativamente tiene que ver con la salud.
Luego entonces que nadie se extrañe que sólo 1 de cada 11 mexicanos tenga interés por la política y que una de las instituciones en las que menos confían sean los partidos políticos. (Encuesta Mitovzki)